MADRID.- El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha comenzado este miércoles con las declaraciones del empresario Alejandro de Pedro, considerado el "conseguidor" de contratos de la trama de corrupción, y el alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid), Mario Utrilla, que perdió ayer martes su condición de aforado ya que ha dejado de ser parlamentario en la Asamblea de Madrid.

Las declaraciones se producen en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Prim de Madrid, donde el juez central de instrucción 6 tiene su sede.

En el centro de la declaración de Utrilla se encuentra el mayor contrato de la trama: una adjudicación de eficiencia energética, en mayo de 2014, a la multinacional francesa Suez, a través de Cofely, su filial en España realizada por el ayuntamiento de Móstoles (Madrid). El contrato ascendió a 72 millones de euros y, según investiga el juez, la mordida alcanzó los 240.000 euros. Por esta causa está imputado el hermano de Utrilla, Alejandro, concejal de Medio Ambiente de Móstoles.

Por su parte, Alejandro de Pedro ha sido llamado a declarar por segunda vez porque no cuadra el número de empleados de su empresa con la magnitud de los contratos que consiguió de gobiernos locales y autonómicos de León, Madrid y Murcia.

También se le interrogará sobre los 10.000 euros que, al parecer, recibió departe del aún consejero de Presidencia de Madrid, Salvador Victoria, y que fueron pagados por la empresa Indra, según las investigaciones. La mediación para dicho pago la realizó el responsable de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, según ha declarado ante el juez Velasco.

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y Justicia de Madrid, está encarcelado por esta causa desde el pasado octubre, cuando fue detenido en la primera fase del sumario. Granados y el empresario y amigo de la infancia David Marjaliza están considerados los cabecillas de esta red que amañaba contratos públicos a cambio de comisiones para los políticos, en especial del PP.