@CdelCastilloM

MADRID.- Mientras los partidos políticos y sus líderes se baten en duelos de ruedas de prensa a cuenta de la investidura del nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy sigue dirigiendo un Ejecutivo en funciones, continuando las políticas que marcaron la anterior legislatura. Queda en suspenso, por tanto, la reforma de instituciones tan "llenas de anacronismos" como las Fuerzas Armadas, algo que, de momento, "ni el PP ni el PSOE han tenido la voluntad real" de hacer. 

Es la acusación de Letizia Prieto, comandante auditor del Cuerpo Jurídico Militar, que señala que los casos de corrupción que se han dado en los últimos meses bajo el paraguas del Ministerio de Defensa son "solo la superficie de lo que de verdad hay debajo". En opinión de la comandante, que puede permitirse realizar estas observaciones en una conversación con Público gracias a que se encuentra en excedencia y trabaja en el sector civil, los dos principales motivos son la gran dificultad que tienen los militares para denunciar las irregularidades de las que son testigos, así como una justicia militar en la que "juzgan los que mandan". 

"A nivel civil no hay una normativa que proteja a las personas que denuncian los casos de corrupción en la administración. A esa desprotección que tiene cualquier persona, en el caso de los militares hay que sumar que todo lo tienen que hacer por conducto reglamentario: tienen que denunciar ante sus mandos", explica Prieto. Unos mandos que pueden conocer y estar amparando dichas irregularidades, o ser parte de ellas.

"Si aún teniéndolo tan difícil los militares están denunciando, porque me consta que ha aumentado el número de denuncias anónimas, es que tiene que haber muchísimo más debajo"

O, incluso, conocerlas, repudiarlas, pero no atreverse a actuar: "Todo el control lo lleva el cuerpo de interventores propio. Lo que ocurre es que están jerarquizados dentro de la estructura militar y su carrera en el Ejército depende de que hagan buenos informes, y así el de arriba le hará buenos informes a él. Así no te enfrentas al sistema, porque te juegas tu carrera. Si denuncias no asciendes. Cobras menos complementos. Además pueden ir a por ti abiertamente: pueden vengarse destinándote a otra ciudad…", prosigue la comandante, que advierte de que dicha presión puede escalar "hasta el punto de lo que le hicieron al teniente Luis Segura", una "injusticia terrible", al que "usaron para avisar al resto".

Atreverse a denunciar

"Hay muy pocas denuncias en el Ejército comparadas con las que podría haber. Las que hay son significativas. Si aún teniéndolo tan difícil los militares están denunciando, porque me consta que ha aumentado el número de denuncias anónimas, es que tiene que haber muchísimo más debajo", expone Prieto.

La segunda vuelta para ponérselo difícil a los denunciantes llega con la justicia militar, uno de los "anacronismos" que señala la comandante, junto a otros como la presencia de un "Arzobispado castrense" integrado en la estructura del propio Ministerio, en concreto en la subsecretaría de Defensa. "¡Ahí hay 110 capellanes! ¡Presupuestados en los gastos del Ministerio!", se indigna la comandante del Cuerpo Jurídico de los Cuerpos Comunes, cuyos miembros entran a las Fuerzas Armadas aprobando una posición tras haber cursado una carrera en el mundo civil. 

"La justicia militar debe desaparecer como tal. No tiene ningún sentido que haya una justicia específicamente para militares, apartada de la ordinaria. En el fondo es una jurisdicción corporativista"

"La justicia militar debe desaparecer como tal. No tiene ningún sentido que haya una justicia específicamente para militares, apartada de la ordinaria. En el fondo es una jurisdicción corporativista. El que manda es el que imparte justicia", denuncia la comandante, que reseña que "tanto el Tribunal Militar Central como el Territorial están integrados exclusivamente por militares. Unos somos miembros del Cuerpo Jurídico Militar, es decir somos licenciados en Derecho, pero el resto son militares de armas: generales, contralmirantes y comandantes de los tres ejércitos. Niños que entraron con 18 años en las academias militares, que luego salieron con 21-22 y han ido haciendo carrera militar. Lo que se entiende por militares de toda la vida. Y esta gente puede imponer penas de hasta 25 años". 

Asuntos pendientes para el nuevo Gobierno

Eliminar la justicia militar "excepto en casos muy concretos, como en zona de operaciones", "imponer que el control de las cuentas de Defensa y los Ejércitos lo haga el Ministerio de Economía y Hacienda" y "avanzar mucho más en el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los militares" son las tres "áreas fundamentales" a reformar que apunta la comandante auditor.

Pese a todo, la oficial en excedencia es optimista, y opina que esta situación "tiene los días contados": "Yo estoy convencida de que esto tiene que acabar. Este país está abriendo las ventanas y las prácticas que había antes ya no se pueden repetir. Espero que el gobierno que venga sea mucho más sensible con este asunto. Hasta ahora nunca ha interesado. Pero creo que ahora ya sí, en este momento todo interesa. Eso espero".