MADRID.- La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad (DL) y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica (el llamado fracking) en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.

Además de ésta, En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos también han pactado otra iniciativa para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS.

No a la fractura hidráulica

La iniciativa de los republicanos catalanes, modificada con las propuestas de otros grupos, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking en todo el país y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación.

Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos que favorecen la implantación de esta técnica en cualquier lugar del país.

El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los cinco diputados de Ciudadanos se han abstenido.

Efectos "nocivos" sobre la salud y el medio ambiente

La diputada de ERC Teresa Jordà ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la "España centralizadora, ultraliberal y expoliadora" pretende "imponer su autoritarismo" en zonas donde existe una "gran resistencia". Jordà apostó por el "necesario" cambio de modelo energético instó a la "insumisión" de los pueblos frente a esta técnica.

La socialista María del Puerto Gallego coincide en que los "riesgos" del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. "Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huida hacia adelante", ha criticado, señalando que con la "excusa" de la dependencia energética los populares han fomentado esta técnica.

María Rosa Martínez, de Podemos, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los "notorios" efectos "nocivos" sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es "incompatible" con otras actividades económicas, pese a tener un "escaso retorno energético, económico y social".

El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, afirmó que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que "garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente" ante este tipo de actividades, mientras que la portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba reconoció que los informes "alertan" de "notables" riesgos medioambientales y admitió que el uso de hidrocarburos no es "sostenible" en el futuro. 

Castor, de "pelotazo financiero" a "proyecto fracasado"

Por otra parte, la iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor cosechó el respaldo de ERC, DiL, PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP.

El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha criticado el "escándalo mayúsculo" de este proyecto "fracasado", que se fomentó "más por el interés del promotor que por el interés general" y que ha acabado por convertirse en un "pelotazo financiero" que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos.

Por eso, exige una "solución justa" que pase por llevar a cabo las "posibilidades legales existentes" para recuperar las indemnizaciones pagadas a Escal UGS porque "incurrió en dolo", así como por establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos, cuantificando además los daños materiales y morales sufridos por los ciudadanos.

Igualmente, se reclama un calendario de desmantelamiento de las instalaciones de Castor una vez se conozca el informe técnico encargado al MIT sobre el estado de las instalaciones y nuevas medidas legislativas para que casos de este tipo no puedan repetirse en el futuro, dando "mayor protagonismo" a la Oficina Nacional de Evaluación de modo que pueda controlar las licitaciones y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

En el texto, que finalmente ha sido aprobado, también se ha incluido la petición de promover un Pacto de Estado de la Energía para que esta política tenga estabilidad en el tiempo y que permita facilitar el tránsito hacia un modelo basado en las renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda.

Unos objetivos que comparte el PSOE, cuyo diputado Erick Campos ha recordado que la posición de su grupo es de "cierre y desmantelamiento de la infraestructura", y ha criticado que el PP coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, cree que antes de tomar cualquier medida sobre el desmantelamiento de Castor o sobre el recurso a los tribunales hace falta contar con informes técnicos y jurídicos, lo mismo que debe conocerse la documentación que ha llevado al Gobierno a pagar la indemnización a Escal UGS "sin transparencia".

El portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, ha ido más allá al avanzar que solicitarán la creación de una comisión de investigación para aclarar las responsabilidades políticas, económicas, medioambientales e incluso penales "si las hubiera" respecto de este "escándalo", ocurrido "tanto en periodo socialista como 'popular'", según ha recordado.

El diputado Jordi Xuclá, de Democracia y Libertad, ha hecho hincapié en que este "escándalo" ha sido posible por una "decisión política" que permitió que el contrato incluyera unas "cláusulas abusivas" en beneficio de la empresa.

Por Compromís, Marta Sorlí ha denunciado que "Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino [Pérez] y para los bancos" y se ha congratulado de que "ahora sí" exista la posibilidad de "hacer bien las cosas: desmantelar la planta, exigir responsabilidades a la empresa y recuperar parte de ese dinero, que tanta falta hace".