El Congreso mantiene 'fondos reservados' que llena con sus superávits presupuestarios

El Congreso de los Diputados dispone de una cuenta financiera especial a la que se destinan las cantidades de euros que, tras cada ejercicio presupuestario, no se llegan a gastar en la ejecución de su actividad ordinaria. Ese dinero sobrante "no se devuelve al Tesoro ni pasa a engrosar la dotación del presupuesto del año siguiente; va a una cuenta especial", explican a Público fuentes parlamentarias conocedoras de esta práctica.

La ejecución de los presupuestos anuales del Congreso de los Diputados se cierra siempre con un cierto margen de superávit "debido a un control muy estricto por parte de los responsables de la institución, desde la Mesa hasta el conjunto de los estamentos administrativos. No ha lugar a ampliaciones presupuestarias a base de créditos extraordinarios; no se genera deuda por parte de la institución", explica una de las fuentes consultadas.

En materia presupuestaria, el Congreso de los Diputados, que junto con el Senado, el Defensor del Pueblo y la Junta Electoral Central conforma las Cortes Generales, disfruta de una total autonomía para elaborar sus propios presupuestos anuales, según establece el artículo 72 de la Constitución. Una vez aprobados por la Mesa de la cámara son remitidos al Gobierno para su inclusión, dentro de la partida Cortes Generales, en el proyecto de presupuestos generales del Estado que anualmente presenta el Ejecutivo ante el parlamento.

El modo de utilización de esos "fondos reservados" quedó reflejado en un informe restringido elaborado por la Intervención del Congreso de los Diputados, que dirige un letrado de la propia institución, durante la presidencia de Luisa Fernanda Rudi (2000-2004). "En ese informe se determinaba que las cantidades de la cuenta de remanentes se debían emplear para gastos imprevistos y nunca para sufragar partidas corrientes", agregan las citadas fuentes.

La Mesa del Congreso de los Diputados debe presentar tras finalizar cada ejercicio un informe cobre el grado de cumplimiento presupuestario, según establece el reglamento de la Cámara baja en su artículo 31. Hasta esta legislatura ese informe no se hacía público pero a instancias del grupo parlamentario de UPyD la Mesa ha accedido a reflejarlo en su página web.

El primer informe, y hasta ahora único, "acerca del cumplimiento del presupuesto del Congreso de los Diputados" —esa es su denominación— es el correspondiente al año de 2012 y lleva fecha del 14 de mayo de 2013. En unas semanas, según fuentes parlamentarias, se conocerá el relativo al ejercicio del pasado año. Según el informe hecho público, el Congreso de los Diputados ejecutó el 88,56% de la cantidad total presupuestada para 2012, que ascendió ese año a 86.943.500 euros. Por lo tanto, tuvo un "remanente" del 11,44%, es decir 9.943.182,31 euros. Esa cantidad, considerada "inusual" se debió fundamentalmente al recorte de la paga extra de julio a diputados y el personal adscrito a la cámara.

El Congreso de los Diputados lleva cinco años con un descenso sostenido de su partida presupuestaria que llega a superar el 15% este año respecto al asignado para 2010. En ese periodo de tiempo se ha congelado el salario tanto de los diputados como el de los empleados de la institución, funcionarios y laborales. También han desaparecido las aportaciones a fondos de pensiones y otras compensaciones sociales al conjunto de parlamentarios, incluso a quienes ostentaron esa condición en anteriores legislaturas.

Los casi10 millones de euros "no ejecutados" en el año 2012 fueron a parar a la "cuenta de remanentes", añaden las fuentes. Los movimientos de entradas y de salidas de esa cuenta, así como el destino de sus cantidades, no se reflejan en el citado informe. Tampoco aparece referencia alguna en los presupuestos ordinarios. Las fuentes consultadas consideran que la gestión de esas cantidades "están bajo el control directo" de los miembros de la Mesa —nueve diputados, de los que cinco son del PP, tres del PSOE y uno de CiU— que preside Jesús Posada.

Con cargo a la "cuenta de remanentes" se han costeado las obras de una importante ampliación del parking subterráneo situado bajo la Carrera de San Jerónimo con el fin de dar servicio a las necesidades de la cámara. "Es un ejemplo de gasto extraordinario que resolvió asumir la Mesa en tiempos de la presidencia de Federico Trillo (1996-2000) al decidir hacer aquella obra", explica otra de las fuentes consultadas.

La Cámara alta, institución parlamentaria "hermana" del Congreso, también tiene sus propios "fondos reservados" con el mismo origen: se nutren de las cantidades que, presupuesto tras presupuesto, no llegan a gastarse. Como en el caso del Congreso, esas cantidades ni van al Tesoro Público ni a engrosar el ejercicio presupuestario siguiente. Se quedan en la "cuenta de remanentes", según explican a Público fuentes conocedoras de este peculiar sistema.

"El destino de esas cantidades es el de afrontar gastos extraordinarios o imprevistos que de colocarse en un presupuesto ordinario provocarían un repunte muy significativo; además, muchos de ellos son imprevisibles", relata una de las fuentes consultadas. Afrontar la ejecución de obras de mantenimiento en un edificio que algunas de sus partes son del siglo XVI es un caso "típico", añaden.

En cualquier caso, los gastos que se adjudican a la "cuenta de remanentes" del Senado son aquellos que superan el medio millón de euros. Un ejemplo: en 2008 se adquirieron con cargo a estos "fondos reservados" una partidas de ordenadores portátiles para los senadores y algunos servicios de la Cámara alta. "Fue una inversión que supera una legislatura porque desde entonces no se han adquirido otros y los actuales senadores los han heredado", insisten las citadas fuentes.

Como en el caso del Congreso, la Mesa de la institución - aquí compuesta por siete miembros, presididos por el popular Pío García Escudero - es la instancia encargada de "administrar" los fondos de la "cuenta de remanentes". El Reglamento de la Cámara alta no obliga a la presentación de un informe de ejecución del presupuesto, como en el Congreso; tampoco se conocen los detalles de las partidas presupuestarias como en la Cámara baja. "La ley de Transparencia va a obligar a cambiar esa política y la Mesa deberá tomar decisiones antes de diciembre de este año", sentencia una fuente informante.