La productividad legislativa del Congreso de los Diputados durante el primer año de la actual legislatura está bajo mínimos, según la información que ofrecen las estadísticas de la propia página web oficial de la Cámara baja hasta el pasado viernes. El ritmo legislativo ha comenzado a tomar carrerilla en primavera, pero aun así está muy lejos de registrar una actividad que pueda calificarse de normal.

El arranque de legislatura el pasado mes de julio tras las elecciones del 26-J, las segundas en seis meses, fue una especie de deja vu ya que el hemiciclo del Congreso de los Diputados no ofrecía una imagen muy diferente a la surgida de los comicios del 20-D. No había una mayoría clara para formar un Gobierno fuerte.

Pero la abstención del grupo socialista permitió la investidura de Mariano Rajoy, que formó Gobierno a primeros del mes de noviembre, lo que hacía presagiar que por fin volvía a la normalidad las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo.

Hasta ese momento, escudándose en la situación de "en funciones", Rajoy y sus ministros se negaron a comparecer ante la Cámara. La situación se hizo tan tensa que actualmente el Tribunal Constitucional debe pronunciase sobre un conflicto de atribuciones entre las dos instancias, algo inaudito desde 1977.

Sin embargo, la existencia de un Gobierno en plenas facultades, pero en minoría, y un parlamento muy fragmentado, circunstancias que a priori presagiaban una gran actividad legislativa, no se ha traducido en un aumento considerable de la "productividad". Es más, durante meses más bien parecía existir cierta desgana en legislar.

El Gobierno, consciente de que debe sudar tinta china para llevar hasta BOE un proyecto legislativo, se ha concentrado en una única iniciativa: sacar los Presupuestos Generales del Estado para este año. Le ha salido bien la apuesta ya que tiene las cuentas prácticamente impresas en la gaceta oficial.

A cambio, se ha dedicado a generar reales decreto-ley, pero la inmensa mayoría para adaptar directivas de la UE a la legislación española. Por su parte, los grupos parlamentarios han invertido durante meses más tiempo y energías a mirarse de reojo que a generar iniciativas legislativas.

El resultado es un pobre cosecha de legislación en el Congreso de los Diputados; como si hubiera sido víctima de una gran sequía. El resultado de esta legislatura se limita a la aprobación de dos leyes orgánicas, ambas el mismo día - el 20 de octubre pasado - : la de reforma de la ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, para adecuarla a la normativa europea, y la de reforma de la ley electoral, para evitar tener que ir a votar el 25 de diciembre si hubiese fallado la investidura de Rajoy.

Las dos iniciativas fueron proposiciones de ley de grupos parlamentarios. El Gobierno ni se molestó en mover un dedo, lo hizo el grupo popular en su lugar. En lo que llevamos de año no se ha aprobado ninguna ley orgánica. Pero es que en lo relativo a leyes ordinarias la producción ha sido menor: tan solo una ley, la que elimina el IVA de la asistencia jurídica gratuita, aprobada esta última semana. Nada más.

A golpe de Real-Decreto

Eso sí, el Gobierno ha mandado al Congreso de los Diputados un montón de reales decretos-ley: seis durante el pasado año y otros diez en 2017, entre ellos dos polémicos sobre la reforma del sector de la estiba; el primero no fue convalidado y el segundo sí, aunque por los pelos y en medo de grandes protestas de socialistas, Unidos Podemos y el resto de formaciones de izquierda.

Esa pobre cosecha contrasta con la que se dio en legislaturas anteriores. Por ejemplo, en el primer año de mandato de Rajoy en 2012. En aquel ejercicio el Gobierno, con mayoría absoluta en ambas cámaras, remitió al Congreso de los Diputado, y logró aprobar sin pestañear, nada menos que ocho leyes orgánicas y 17 leyes ordinarias, entre ellas dos Presupuestos Generales del Estado, los de 2012 y los de 2013, junto a 29 reales decretos-ley.

Y Zapatero, durante su primer año en La Moncloa, entre abril de 2004 y abril de 2005, sin mayoría absoluta, logró aprobar tres leyes orgánicas y 10 leyes ordinarias. También remitió 18 reales decretos-ley y otros reales decretos legislativos, éstos durante 2004.

Pero en los últimos meses los grupos parlamentarios se han puesto las pilas y han aumentado considerablemente su actividad legislativa. En estos momentos hay, en diversas fases de tramitación, hasta 89 proposiciones de ley elaboradas por las distintas formaciones presentes en la Cámara baja.

Una cuarta parte está pendiente de que el Gobierno remita a la cámara su preceptivo informe – tiene dos meses para hacerlo, aunque a veces se retrasa -, con lo que paraliza su tramitación. El resto se encuentra o esperando “cola” para ser tomados en consideración por el pleno, cosa que ocurre en las sesiones de los martes a razón de dos por semana, o esperando turno para ser debatidas en la comisión correspondiente.

En el trámite de “periodo de enmiendas”, el cajón de sastre para “dormir” una iniciativa mientras negocian los grupos porque semanalmente se puede pedir una prórroga, se encuentran otras 16 iniciativas. Algunas de ellas llevan un largo sueño, desde diciembre o enero pasados.

Respecto al Senado hay poco que decir ya que se limita a “recoger” las iniciativas legislativas que le remite el Congreso de los Diputados. Este lunes concluye, en un tiempo record, la tramitación de los PGE en cuyo texto no ha introducido ni una sola coma. Es decir, irá directamente al BOE.

De la actividad de la Cámara alta puede dar idea este dato: su presidente, el popular Pío García Escudero, ha tenido tiempo de recibir y entrevistarse en con prácticamente todo el cuerpo diplomático acreditado en Madrid. También ha tenido tiempo para realizar algunos viajes, el último de ellos a Bratislava a un encuentro con sus homólogos de la UE.