El Congreso, más cerca de suprimir la prisión permanente revisable del PP

El Pleno del Congreso puede empezar a dar este martes los primeros pasos hacia la eliminación de la prisión permanente revisable, una medida aprobada en solitario por el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta y recurrida ante el Tribunal Constitucional hace dos años por casi toda la oposición. PSOE, Izquierda Plural, Compromís y nacionalistas catalanes, vascos y canarios tacharon entonces la reforma de "inhumana" y "anticonstitucional".

Para el Partido Nacionalista Vasco (PNV), impulsor de esta iniciativa, la inclusión de la prisión permanente revisable —eufemismo con el que se define la pena de la cadena perpetua— en el Código Penal "niega el sistema de derechos y valores de la Constitución" y persigue únicamente "una función retributiva y vengativa de la pena". 

La prisión preventiva revisable no está "justificada desde razones de política criminal", según el PNV

En la exposición de motivos de la proposición de ley que se debatirá este martes en el Congreso, el PNV advierte de que la prisión permanente revisable —"injustificada desde razones de política criminal"— vulnera cuatro artículos de la Constitución: atenta contra la dignidad de los seres humanos (artículo 10), contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (artículo 15), vulnera el mandato constitucional de que las penas estén orientadas a la reeducación y reinserción social (artículo 25.2) y vulnera también el principio constitucional de legalidad (artículo 25.1). "Además, se rompe peligrosamente uno de los consensos constitucionales de 1978 de no establecer la cadena perpetua" y que puede desencadenar, reza el documento, en "un error judicial que sería irreparable".

El Pleno del Congreso aprobó hace un año —con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos— una proposición no de ley (PNL) también del PNV que emplazaba al Gobierno a derogar esta pena, por lo que, si los grupos mantienen su voto, la iniciativa sería tomada en consideración. Debido al tsunami de Catalunya, que ha alterado la actividad parlamentaria entre bambalinas, el grupo vasco no ha mantenido conversaciones con los demás grupos parlamentarios, pero intuye que no modificarán su voto de hace un año, sugiere el diputado y portavoz de Justicia del PNV Mikel Legarda. 

Todos los grupos menos PP y C's votaron hace un año a favor de suprimir esta pena de cárcel

Fuentes del PSOE y Ciudadanos han asegurado a Público que aún no tienen decidida la posición que van a mantener en el debate. Unidos Podemos sí apoyará la propuesta del PNV porque considera que la modificación del Código Penal que el PP aprobó en solitario fue "puro populismo punitivo". El diputado Eduardo Santos, secretario general de Podemos Navarra, ha explicado a Público que la prisión permanente revisable no acaba con "el limbo en el que se encuentra el cumplimiento de las largas condenas", uno de los mayores problemas penitenciarios en España. Nuestro país tiene menos delitos que la media europea pero más personas encarceladas, según el Estudio sobre la realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades sociales elaborado por la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario ( ROSEP).

Santos señala además que las características de la cadena perpetua que plantea el PP no tienen nada que ver con las que establecen los países de nuestro entorno: "En Alemania y Reino Unido, el horizonte de libertad es mayor porque plantean la revisión a los 15 años, no a los 25, como la pena española", explica tras recordar que en nuestro país las penas máximas pueden alcanzar los 40 años. 

Derecho Penal "maleable"

Para el PNV, el Derecho Penal es "sumamente maleable en manos de los operadores que lo manejan" y por ello reclama en su texto que prime la "responsabilidad política y jurídica para evitar un día hallarnos inmersos en un Derecho Penal totalitario, desigual, desproporcionado e injusto".

El PP aprobó la cadena perpetua revisable en aras de la "seguridad ciudadana"; por eso el PNV recuerda en su propuesta que la seguridad no lo es todo y que "hay otros derechos y principios que deben inspirar nuestro sistema". Por todo ello exige "responsabilidad a la hora de proponer innovar" en el contenido del Código Penal y reclama "responsabilidad para con el modelo garantista que antaño nos dimos".