Corrupción El Congreso tramitará la ley de Compromís para ilegalizar partidos corruptos

El Congreso de los Diputados debatirá a partir del próximo otoño una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal que permitirá la suspensión de actividades o incluso la disolución de partidos políticos financiados ilegalmente mediante corrupción. Es la primera vez que una iniciativa parlamentaria con rango de ley prevé tal posibilidad, que en última instancia se decidirá mediante sentencia judicial.

La iniciativa ha sido presentada y defendida por Compromís. De hecho, es la primera vez que el pleno de la cámara debate una proposición de esta formación política y que, además, ha sido admitida a trámite. “Sí, la verdad es que ha sido todo un pleno”, ha explicado un portavoz< oficial de esta formación nacionalista valenciana.

La admisión a trámite ha sido respaldada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos, de Ciudadanos y de ERC, según han explicado sus respectivos portavoces durante el debate. La portavoz del grupo popular, visiblemente contrariada con el fondo de la proposición legislativa, se ha manifestado en contra, mientras que el PNV se ha decantado por la abstención.

Con esta propuesta se reforma el artículo 304 ter del Código Penal de tal forma que se prevén fuertes multas a las personas jurídicas en forma de formaciones políticas culpables de financiación ilegal. Pero, además, se pone a disposición de los tribunales que puedan suspender las actividades de un partido encontrado culpable, cerrar sus sedes, ser intervenidos judicialmente e, incluso, declarar su disolución.

Enric Bataller, portavoz de Compromís en este debate, ha justificado la iniciativa por existir un vacío legal. Y dirigiéndose a la bancada popular ha dicho: “No sufran ustedes del PP porque no les afecta, ya que el Código Penal no se aplica con carácter retroactivo”.

PSOE y Unidos Podemos, a favor

Los grupos socialista y de Unidos Podemos se han declarado claramente a favor y sus portavoces, Sofía Herranz y Txema Guijarro, respectivamente, han utilizado sus intervenciones para criticar duramente la actitud pasiva del PP y del Gobierno de Rajoy para combatir la corrupción político.

“Quedó demostrado ayer (por el lunes) con el pacto de silencio entre el PP y Bárcenas”, ha dicho Herranz. Guijarro, por su parte, ha denunciado la incapacidad del PP luchar contra la corrupción. “¿Se imaginan al PP bajo una gestora judicial o enfrentándose a la disolución?”, ha preguntado al hemiciclo.

Toni Cantó, de Ciudadanos, ha recordado que el seno de la comisión de Calidad Democrática que preside él mismo se ha puesto en marcha una subcomisión para estudiar el régimen de funcionamiento y la financiación de los partidos políticos que deberá hacer un estudio profundo sobre las ilegalidades de su financiación en base a los testimonios de los expertos que han comparecido. No obstante, por coherencia con los objetivos de su formación, ha anunciado que su bancada respalda la iniciativa.

Esa subcomisión y el dictamen que debe elaborar ha sido la excusa esgrimida por el portavoz del grupo vasco del PNV, Mikel Legarda, para pronunciarse por la abstención “ya que creemos que es una iniciativa precipitada en las formas, aunque válida en sus propósitos”. El representante de ERC, Francesc Eritja, ha calificado la proposición de Compromís de “insuficiente”; no obstante, ha anunciado el voto a favor de su grupo.

El PP, completamente en contra

María Jesús Moro, en representación del grupo popular, se ha colocado radicalmente opuesta a la iniciativa por entender que persigue “utilizar el Código Penal contra el adversario”. En concreto, en medio de una intervención un tanto agitada y con muestras de disgusto, ha asegurado que “ustedes solo persiguen ir en contra del presidente de un Gobierno que ha logrado sacar a España de la crisis económica”. En otro momento ha acertado a decir: “puede que en una familia haya un criminal pero por eso no es una familia criminal”.

Al acabar el debate Joan Baldoví, líder de Compromís, ha pedido la palabra por las alusiones que le ha hecho Moro en su intervención relativas a polémicos aspectos de financiación durante su gestión como alcalde de Sueca.. La presidenta apenas le ha dejado argumentar su protesta que, a continuación, Moro ha puntualizado que se basaban en informaciones periodísticas. La votación de la proposición de ley se ha pospuesto, como el resto de los asuntos debatidos este martes, a la sesión plenaria del jueves.