La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, aseguró ayer no sentir “absolutamente ninguna” responsabilidad política en la Operación Guateque, la supuesta trama de cobro de comisiones para tramitar licencias.

En declaraciones a los periodistas tras una rueda de prensa, la delegada municipal insistió: “En el Ayuntamiento hemos puesto todos los medios a disposición del juez para que llegara al esclarecimiento de lo que haya ocurrido”, según Efe.

Tres de los implicados en la supuesta trama, y que están en prisión por orden del juez trabajaban en el área de Medio Ambiente que dirige Botella: Joaquín Fernández de Castro, jefe de departamento, Victoriano Ceballos, jefe de división y la asesora técnica, Carmen Eulalia Ibáñez.

Al menos el primer cargo, el jefe de departamento, es un puesto de libre designación, según confirmaron ayer fuentes municipales. Acceden funcionarios de carrera que reúnen unos requisitos y que, tras un examen, son nombrados para ese puesto por un cargo político.

Asumir responsabilidades

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, insistió ayer de nuevo en reclamar responsabilidades: “Las denuncias sobre corrupción se refieren a los últimos años, legislatura presidida por Alberto Ruiz-Gallardón, y algunos de los implicados son cargos de libre designación, luego que no diga que su equipo no tiene nada que ver”.

Lucas también respondió a las acusaciones lanzadas por el delegado de Economía, Miguel Ángel Villanueva. Según este responsable municipal, el presunto cabecilla de la trama, Victorino Ceballos, logró su plaza de funcionario cuando gobernaba el PSOE en 1984. “El Partido Popular lleva 18 años gobernando y tiene que asumir sus responsabilidades”, aseguraba Lucas.

Los socialistas denunciaron además que hace tres años su grupo municipal ya dio a conocer que existían más de 2.800 licencias irregulares. Lo hizo a través de una enmienda a la Ordenanza Municipal sobre Tramitación de Licencias Urbanísticas. Según sus datos, en 2004, el 60% de los locales comerciales carecían de licencia de funcionamiento.

La situación de los implicados en la trama 

Cinco en prisión preventiva
Acusados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación
Victoriano Ceballos: jefe de la división de impacto ambiental de Medio Ambiente.

Antonio Sanz Escribano: administrador único de AB Escribano Ingenieros Consultores con sede en Francisco de Rojas, 9.

Joaquín Fernández de Castro: jefe del departamento de evaluación ambiental de la gerencia de Medio Ambiente.

Carmen Eulalia Ibáñez Martínez: asesora técnica de evaluación ambiental de Medio Ambiente.

Santiago Castillo Moreno: Apoderado de la empresa AC 93 Proyectos y Obras.

2 libres bajo fianza

3.000 euros de fianza y cada 15 días pasarán por el juzgado

Mario Mínguez Fernández: funcionario de la sección de Disciplina Urbanística de la Junta Municipal de Centro.

Sara López Moreno: jefa de la sección de Edificios Municipales de la Junta Municipal de San Blas y antes en Chamberí.

4 en libertad provisional

Tras declarar ante el juez

Julián López Martínez: apode­rado de la empresa Agustino Proyectos e Instalaciones

Eduardo Agustino Carrasco: administrador de la empresa Agustino Proyectos e Instalaciones

Julián Félix Serrano Sierra: empresario

Manuel Álvarez Hoyos: arquitecto de la sección de Licencias de la Junta de Centro.

6 en libertad

Tras declarar ante la Guardia Civil

Fernando Ruiz Torrejón: jefe de la Unidad de Licencias en la Gerencia de Urbanismo

Óscar Acero Fernández: jefe de la Unidad de Licencias en la Gerencia de Urbanismo

Adrián Luengo Romero: cartógrafo de Urbanismo

Ángel Megal Cifuentes: ingeniero de disciplina Urbanística en la Junta de Centro

J. Antonio Montesinos Rico: jefe de edificios municipales en la junta de Chamberí.

Fernando Zornoza Mtnez.: arquitecto de la sección de licencias de la Junta de Centro.