Cargos políticos del PP y del PSOE, directores generales, mandos intermedios de Adif y Renfe, personal técnico y hasta dos eurofuncionarios de la Agencia Europea del Ferrocarril. Los grupos parlamentarios quieren pedir explicaciones a más de 100 personas en la comisión de investigación del accidente del Alvia en Santiago de Compostela. Su presidente, Feliu Guillaumes (PdeCAT), no quiere que la comisión se eternice y, por ello, ha convocado una reunión de la Mesa y Portavoces el próximo martes para establecer criterios que permitan reducir esta lista. "Con este volumen de comparecientes, es muy complicado conseguir conclusiones antes de acabar la legislatura", ha confesado a Público.

Guillaumes, que tomó posesión del cargo el pasado 18 de abril, pretende que en ese primer encuentro se establezca un plan de trabajo eficiente. Su intención es convocar la primera reunión del órgano —que se verá cada 15 días— a principios de junio a pesar de que no haya pleno. "No podemos demorarnos más", insiste a Público tras recordar que dicha comisión ha tardado cinco años en ver la luz y siete meses en constituirse después de ser aprobada en el Pleno por falta de consenso sobre su presidencia.

Una de las razones que explican el bloqueo que ha sufrido esta comisión es que el accidente que el Congreso pretende investigar puede tener responsables políticos. Para empezar, tuvo lugar en julio de 2013, cuando la actual presidenta de la Cámara Baja estaba al frente del Ministerio de Fomento. Ana Pastor tendrá que comparecer en ella, igual que Rafael Catalá (ex secretario de Estado de Infraestructuras y actual ministro de Justicia) o Julio Gómez Pomer (expresidente de Renfe y sustituto de Catalá en la Secretaría de Estado de Infraestructuras).

La investigación también será dura para el PSOE, dado que fue José Blanco, exministro de Fomento y actual europarlamentario, quien inauguró la línea de alta velocidad Santiago-Ourense donde se produjo el accidente. Técnicos ferroviarios aseguraron en su día que una baliza de 14.000 euros podría haber evitado el descarrilamiento.

Además de comparecencias, los grupos parlamentarios también han solicitado documentación de todo tipo sobre el siniestro y el proceso judicial que conllevó. Han tenido un mes para hacer efectivas estas peticiones y, a excepción del PDeCAT y de Unidos Podemos, todos los grupos han esperado hasta el último momento para entregarlas.

Responsabilidad transversal

PP y PSOE han intentado en varias ocasiones impedir la investigación sobre este accidente, que causó 80 muertos y 152 heridos en julio de 2013. Los conservadores votaron en contra de la creación de la comisión en septiembre del año pasado y el PSOE impidió junto con el PP que el Parlamento gallego investigara el siniestro.

Para Guillaumes, el hecho de que los dos partidos mayoritarios en el Congreso estén relacionados con el accidente es una ventaja y, a la vez, un inconveniente. "Si la responsabilidad sólo recayera sobre un partido, ya sabemos cómo acabaría. En cambio, son varios gobiernos los que pueden estar implicados en el caso, lo que supone un problema porque todos querrán decir que no tienen ninguna responsabilidad y una ventaja porque a la hora de llegar a acuerdos, se podrá reconocer una responsabilidad transversal", comentaba recientemente en una entrevista con Público.