Comercio recurre a la Ley de Secretos Oficiales para bloquear cualquier dato sobre la compra de armas israelíes

El muro de opacidad en torno al comercio de armas vuelve a mostrarse sin grieta alguna. Al igual que ocurrió con las polémicas ventas de armamento al ejército saudí en plenas matanzas en Yemen, el Gobierno español ha recurrido nuevamente a la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, aún vigente, para impedir el acceso a información sobre los negocios realizados con Israel en el último año.

La Secretaría de Estado de Comercio ha rechazado una solicitud formulada a través del Consejo de Transparencia en abril pasado. El solicitante, cuyos datos aparecen anonimizados, había consultado "si de España ha salido en 2024 algún envío de armas con destino a Israel" y si el Ministerio de Defensa "ha tomado alguna medida para evitar que lleguen a Israel armas procedentes de España".

Además, preguntaba "si al Ministerio de Defensa le consta que exista alguna empresa española que haya vendido o comprado armas a Israel después del 7 de octubre de 2023", fecha en la que comenzaron los ataques contra la Franja de Gaza que suman, casi un año después, 41.000 muertos.

Según datos recopilados por Público, desde entonces al menos cuatro empresas israelíes del sector armamentístico lograron contratos del Ministerio de Defensa español. Una de las principales beneficiarias de esos acuerdos es Elbit Systems, cuya dirección en Israel ha admitido que sus ingresos han crecido exponencialmente al calor de las ventas al Ejército de Benjamín Netanyahu.

En su respuesta a la petición de información, la Secretaría de Estado de Comercio se limita a citar el comunicado emitido el pasado 12 de febrero de 2024 por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que aseguraba que "desde el 7 de octubre de 2023 no se ha autorizado ninguna operación de venta de armamento a Israel".

Respecto a las compras de armas a empresas israelíes tras el inicio de los ataques contra Gaza, Comercio recurre al "límite de acceso a la información" contemplado en la Ley de Transparencia de 2013, donde se establece que "el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión".

La Secretaría de Estado afirma que "toda importación debe autorizarse mediante la correspondiente licencia de importación, por lo que la información requerida habría sido recabada por la Administración en el ejercicio de sus competencias y debe tratarse con la debida diligencia y confidencialidad".

En esa línea, sostiene que "tanto las autorizaciones de importación de material de defensa y doble uso como los informes preceptivos y vinculantes emitidos que forman parte del expediente se encuentran inescindiblemente vinculados a los informes de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) e integran el contenido de las actas de sus reuniones".

Materia clasificada

Ahí está, precisamente, una de las garantías de opacidad. Según destaca Comercio en su respuesta, esta confidencialidad resulta posible gracias al acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987, bajo el Gobierno de Felipe González, en el que se calificó de "materia clasificada" con la categoría de secreto las actas de la JIMDDU "y, como tales, no podrán ser comunicadas, difundidas, ni publicadas".

Aquel texto fue aprobado por el Ejecutivo que encabezaba González poco después de que se exportasen armas españolas a la dictadura chilena. Hasta ahora, los intentos por conocer el contenido exacto de dicho acuerdo han resultado infructuosos: Greenpeace acudió a los tribunales para tratar de lograr que el Gobierno lo hiciera público, pero no lo consiguió.

En su respuesta a través del Portal de Transparencia, el Ejecutivo recurre además a otro de los argumentos habituales para mantener el secretismo en la venta de armas: el contenido de las autorizaciones que concede la JIMDDU no puede ser utilizado "fuera de los límites establecidos por la Ley sobre Secretos Oficiales", impulsada por la dictadura franquista en 1968 y aún hoy vigente.