Hay negocios que no conocen fronteras. Arabia Saudí, un país señalado a nivel internacional por sus permanentes violaciones a los derechos humanos tanto dentro como fuera de sus límites territoriales, puede ser un lugar apropiado para invertir, precisamente, en materiales de guerra. Así lo defiende la Oficina Económica y Comercial de España en Riad, que en un reciente informe describe las “oportunidades” que existen en aquel reino absolutista.

“No existen partidos políticos ni elecciones nacionales, aunque en 2005 se celebraron las primeras elecciones municipales. En el 2011 pudieron votar las mujeres pero la población lo recibió con escaso entusiasmo”, señala la representación comercial de España en Riyadh –dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio– en su informe sobre el régimen saudí. Se trata de la última actualización de ese documento, que lleva como fecha julio de 2019.

El estudio de 48 páginas aporta distintos detalles sobre la situación del país y las características de la monarquía absolutista. Sin embargo, apenas incluye menciones sobre los ataques lanzados por la coalición encabezada por Arabia Saudí contra Yemen. Desde que sus aviones empezaron a bombardear ese empobrecido país en marzo de 2015, se estima que han muerto más de 90 mil personas.

“El rey tiene que lidiar con los principales problemas que afronta en este momento la más potente de las monarquías del Golfo: sus relaciones con Irán, las tensiones con Catar, la guerra en Yemen, el ascenso en la región de las fuerzas islámicas radicales, la caída de los precios del crudo y la presión interna y externa para la relajación de la ley islámica que regula férreamente la sociedad del país”, dice el documento en una de sus pocas alusiones a la situación que atraviesan los yemeníes.

Algunos párrafos después menciona textualmente “los conflictos regionales, como por ejemplo el de Yemen”, para referirse a ciertos “factores” que, a su juicio, “ensombrecen las previsiones positivas de la economía saudí”.

En cualquier caso, la Oficina Económica y Comercial de España incluye la industria de defensa como uno de los sectores “prioritarios” en el apartado de “oportunidades comerciales”. Cita también otras áreas, como la agroalimentaria, la venta de bienes de equipos, materiales de construcción o energías renovables. Asimismo, considera “prioritaria” la inversión en los sectores de defensa, renovables, educación y formación profesional, gestión hospitalaria e infraestructuras de transporte.

En ese contexto, la Oficina Económica y Comercial en la capital saudí señala que “la empresa española tiene campo para el crecimiento a través de una política a largo plazo de presencia en este mercado y a través del fomento de la inversión de empresas españolas en este país”. “Salvo una debacle en los precios del petróleo, que no es previsible, este país continuará siendo un importante mercado en los próximos años”, subraya.

El informe destaca además que “durante el reinado del anterior rey se produjo una paulatino proceso de reformas sociales y económicas en Arabia Saudí y las previsiones son de que se siga en la senda marcada de ambiciosos programas de reformas y de modernización, acompañado de fuertes inversiones públicas”, por lo que prevé que “se continúe en la misma política”.

En cuanto al negocio armamentístico, la Oficina Económica y Comercial proporciona una serie de datos sobre las ventas realizadas en 2018. Bajo el título “exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios”, el estudio incluye “bombas, granadas, torpedos y demás municiones” por un valor de 104 millones de euros. Cita también el capítulo “armas de guerra”, que en 2018 supuso otros 27 millones de euros.

Informe al Congreso

Estos datos deberán ser confirmados por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, quien tiene previsto presentar en el Congreso el informe sobre exportaciones de material de defensa realizadas en 2018. Fuentes de Comercio señalaron a Público que “está previsto se remita al Congreso en las próximas semanas, una vez haya sido informado del mismo la Junta Interministerial (JIMDDU)”. “Una vez remitido al Congreso se solicitará la comparecencia, a petición propia, de la secretaria de Estado de Comercio” para explicar su contenido, añadieron.