MADRID.- Colectivos de la Marcha de la Dignidad han registrado un recurso ante la Audiencia Provincial contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid de desestimar la querella interpuesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por las cargas policiales que tuvieron lugar en las protestas del 22 de marzo de 2014 cuando era delegada del Gobierno.

El juzgado decretó en un auto no admitir la querella presentada por varias asociaciones de las Marchas de la Dignidad, siguiendo el criterio expuesto por la Fiscalía, al no apreciar indicios de delito.

La querella iba dirigida también contra los jefes policiales responsables del operativo del 22 de marzo de 2014, que acabó con disturbios y decenas de heridos entre manifestantes y agentes. A todos ellos se les acusaba de delitos lesiones, coacciones, amenazas, atentado contra el derecho de manifestación, falsedad documental y prevaricación.

Los disturbios dejaron en el centro de la capital un centenar de heridos, la mayoría leves, entre los que se encontraban 67 de ellos policías (47 nacionales y 20 municipales) y 34 manifestantes. Hubo una treintena de detenciones, tres de ellos menores de edad.

Ahora, con este recurso, se solicita que se preste declaración en calidad de imputados al director de la Policía, Ignacio Cosidó, a su homólogo en la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y a Cifuentes, junto a otros mandos policiales. A su vez, se pide a Delegación de Gobierno que remita todos los informes y expedientes en caso de que abra la investigación.

En el recurso, los colectivos consideran que el juez "puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen" la imputación de Cifuentes y concretar la presunta conducta delictiva en este caso.

"No cabe la posibilidad de justificar, sin demás siquiera la más mínima investigación, la actuación policial que se realizó aquel día", insisten los colectivos querellantes en su recurso que aprecian en la inadmisión "de entrada "supone "una gravísima vulneración de derechos", tanto de los querellantes como del resto de la ciudadanía.

Argumentan que en este caso "no existe motivo suficiente que justifique la disolución de la manifestación por medio de la fuerza ni que ampare legalmente que los ciudadanos reunidos sufrieran una brutal carga policial como el que tuvieron que soportar aquella noche".

Entienden que la actuación policial fue "desproporcionada, incongruente" y "absolutamente oportunista" con "un claro fin de deslegitimar la movilización de millones de personas así como criminalizarla".

Asegura que se cargó contra miles de personas que estaban escuchando ese día un manifiesto en sol y acusan en el recurso de que había "órdenes dictadas para la persecución de manifestantes" para disuadir del libre ejercicio de "reunión y manifestación". Por ello, cree que el juez debe investigar si el uso de la fuerza estaba justificado.