Género Las 6 coincidencias esenciales de las propuestas de igualdad salarial de Unidos Podemos y PSOE

El Congreso de los diputados ha comenzado a debatir la Proposición de Ley de Unidos Podemos para la igualdad retributiva entre hombres y mujeres (PLIR), que el grupo confederal presentó el pasado mes de octubre. 

Hoy también el PSOE ha registrado en el Congreso su propia propuesta a tal efecto, el Documento para una proposición de ley de igualdad retributiva (DIR), que presentaron ayer en la Comisión Ejecutiva del partido. Esta situación no ha gustado a Podemos que afirma que la ley del PSOE es "calcada" a la suya. En el PSOE ya han confirmado que apoyarán la iniciativa del partido morado.

Dentro de las propuestas hay 6 temas básicos en los que ambos proyectos de ley coinciden: 

Rendir cuentas a los trabajadores: Ambas propuestas plantean realizar publicaciones anuales de los sueldos de los diferentes puestos con diferenciación de sexo de forma promediada y desglosada. La diferencia es que el DIR del PSOE propone publicar los datos en un libro registro y la información debida es la media. Mientras en la PLIR de Podemos debe haber una referencia expresa en las nóminas, la información debida es tanto la media como la mediana y se extiende también a las Administraciones Públicas. En todo caso, tanto un procedimiento como otro  desarrollarán por medio de texto reglamentario. 

Auditorías salariales: Los dos partidos creen que las empresas que tengan más de 250 trabajadores deberán realizar auditorías salariales. En la PLIR se especifica qué deben contener las auditorias para asegurar que cumplan su finalidad y establecen sanciones que podrían llegar a los 187.000 euros. En el DIR se establece, en lugar del sistema de sanciones en cuantías fijas, un sistema de sanciones variables dependiendo de la masa salarial de la empresa (en grado máximo es de 1,3% de la masa salarial). Esto configura un marco de diferentes sanciones por iguales comportamientos que podría presentar problemas y que podría no resultar disuasorio (por ejemplo, en una empresa de 250 trabajadores/as con un salario anual de 20000 euros cada uno, la sanción sería de un máximo de 10.000 euros, cuando con el sistema actual sería de un máximo de 187 000 euros). 

Concepto de trabajo de igual valor: En la propuesta de Unidos Podemos, el porcentaje para presumir que hay discriminación retributiva en la empresa es del 20% y en la del PSOE del 25%. Además, la PLIR de Podemos traslada la obligación de igual valoración a los convenios colectivos.

Sanciones: Ambas propuestas establecen una serie de criterios para establecer sanciones a los empleadores que no cumplan con la normativa. En materia de la información debida al trabajador, las infracciones y sanciones son las mismas y en cuanto a las auditorías, el DIR del PSOE establece expresamente como infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de realizar auditoría, mientras que la propuesta de Podemos no establece nada expresamente porque la auditoria que contempla va incluida en el plan de igualdad, y el incumplimiento de plan de igualdad ya tiene aparejada sanción por infracción muy grave.

Organismos administrativos: Las dos formaciones creen en la necesidad de crear órganos que controlen la efectividad de la ley, pero no coinciden en su ubicación y funciones. El PSOE propone la creación de Oficina Nacional de Lucha contra la discriminación por razón de sexo en la empresa y la ocupación dentro de la Inspección de Trabajo, mientas que podemos apuesta por la creación de tres organismos diferentes en distintos niveles.  Por un lado, la creación de una Unidad especializada en materia de igualdad de trato en todas las Inspecciones Provinciales de Trabajo y seguridad Social. También la creación de un Dirección General para la Igualdad Retributiva dependiente de la secretaria de Estado de Servicios Sociales. Y la de una Comisión interministerial para este tema. 

Instituto de la Mujer: Los dos partidos creen queeste organismo debería colaborar los las Inspecciones de Trabajo, pero Unidos Podemos va más allá y propone la atribución de nuevas competencias para asegurar la efectividad de la norma. Entre otras cosas, el Instituto de la Mujer estaría obligado a hacer informes o en procesos por discriminación indirecta con la posibilidad de tener mecanismo penalizador.