CLOACAS DE INTERIOR Villarejo reconoce que pidió 50.000 euros de fondos reservados en la Operación Cataluña
La afirmación la hizo ante el juez de instrucción de Plaza de Castilla que investiga a su exjefe, el comisario Eugenio Pino, a petición del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, por introducir un 'pen drive' de origen desconocido en la causa Pujol que habría contaminado el proceso. También declararon otros tres excomisarios de la UDEF y Asuntos Internos.
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madrid, Actualizado:
El pasillo del juzgado número 11 de Madrid congregó el lunes a dos exresponsables de la Unidad de Delincuencia económica y Fiscal (UDEF), Manuel Vázquez y José Manuel García Catalán; a los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas y a una de las secretarias de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), todos para declarar como testigos en la causa abierta contra el exnúmero dos de la Policía, Eugenio Pino, acusado de los delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio.
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Sin sonrojarse siquiera, el millonario policía José Manuel Villarejo corrigió la declaración de su antiguo jefe, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y reconoció en sede judicial que había pedido al exnúmero dos de la Policía 50.000 euros de los fondos reservados por una información relacionada con la familia Pujol Ferrusola y que guardaban detectives de la agencia Método 3. El error estaba en la cantidad -que ascendía a 500.000, según la declaración como investigado de Pino en el mismo juzgado que lo hizo el lunes Villarejo-, porque "Eugenio tiene muy mala memoria con los números", afirmó ante el juez Juan Javier Pérez.
No es la primera vez que el comisario Villarejo deja claro que en la Dirección Adjunta operativa había fondos reservados para lo que se ha denominado Operación Cataluña, es decir, los trabajos encargados por el ex ministro Jorge Fernández Díaz a un grupo de policías que formaron una brigada política dirigida por Eugenio Pino entre los años 2012 y 2016. En unas supuestas notas informativas elaboradas entre 2014 y 2015, que Villarejo entregó a los dueños de la Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco, ponía por escrito que Interior le debía dinero por la utilización de sus empresas y empleados en estas investigaciones.
La investigación se abrió el pasado septiembre, después de que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acusara a Eugenio Pino de los delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio durante el tiempo que fue la mano derecha del ministro Jorge Fernández Díaz. El exDAO intentó introducir un pen drive con supuesta información de la familia del ex president Jordi Pujol, que fue adjuntado a un informe de la UDEF, sin que la Policía pudiera acreditar ante el juez y la Fiscalía su procedencia. Por este hecho declararon ante De la Mata, Pino, su subordinado Bonifacio Díaz y el exjefe de Asuntos Internos, y aunque el número dos de la Policía señaló al comisario Martín-Blas, el juez no dio crédito a la versión del exdirector Adjunto Operativo.
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Martín-Blas: "De saberlo hubiera levantado acta"
A la hora de señalar al responsable de la obtención del pendrive, Villarejo coincide con Pino al apuntar al excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, quien pidió la detención de ambos altos mandos por la grabación ilegal realizada al CNI y a los investigadores del caso pequeño Nicolás. Aseguró el empresario y exfuncionario que Pino no aceptó su oferta "porque Marcelino tenía otra fuente que la daba la misma información gratis", explican a Público fuentes del procedimiento.
Por su parte, Martín-Blas negó en su declaración ante el juez que él y su equipo de Asuntos Internos estuvieran relacionados con la obtención del pendrive, como ya explicó en su declaración en la Audiencia Nacional y que fue abalada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el juzgado de instrucción número 5.
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El juez Javier Pérez le preguntó expresamente por una supuesta reunión en la que habrían estado Pino, Villarejo y Martín-Blas -según la declaración de los dos primeros- en la que el entonces DAO le habría dicho a Villarejo que no le iba a pagar los 50.000 euros para la fuente ya que la misma información la tenía gratis Asuntos Internos a través de los detectives de Método 3, Julián Peribañez y Antonio Tamarit. "De saberlo hubiera levantado acta", respondió Martín-Blas, que ya contó en la comisión de investigación del Parlament que su Unidad había elaborado un informe en 2013 donde se señalaba que el dossier sobre la familia Pujol publicado por Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta en El Mundo no era oficial de la UDEF, "tenía sal y pimienta".
Todos los testigos apuntan a Pino menos Villarejo
También pasaron por el juzgado otros tres testigos, dos ex jefes de la UDEF y la secretaria de la DAO, que se suman a la declaración del inspector jefe Bonifacio Díaz, que fue una de las personas de confianza de Pino en la DAO y que declaró el pasado septiembre.
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Aunque ninguno de los testimonios aclara quién le dio el pendrive a Eugenio Pino, todos contradicen el testimonio del exDAO, que dijo haberse desentendido de él tras haberlo recibido de Martín-Blas "porque estaba encriptado". La secretaria de la DAO explicó que no tenía conocimiento de que existiera un disco duro donde se guardara información, en contra de lo dicho por Pino en la Audiencia Nacional. Bonifacio Díaz había asegurado que "siguiendo instrucciones de Pino", se lo dio a la UDEF, siendo jefe Manuel Vázquez. Este comisario, ahora jefe de Policía de Galicia, explicó que cogió ese pendrive "de manos de Bonifacio Díaz Sevillano el 13 de marzo de 2015 como un material para investigar" -ya desencriptado aunque no se sabe por quién-, y que lo aportó directamente a la Audiencia Nacional sin órdenes de ningún mando.
Su sucesor, José Manuel García Catalán, que también había sido hombre de confianza de Eugenio Pino, dijo al juez Pérez que no recordaba como accedió al pen drive por el tiempo transcurrido, aunque el pasado febrero en la Audiencia Nacional declaró que lo había encontrado un agente "buscando en un cajón".