Estaba convencido de que iba a conseguir con sus maniobras la anulación de la causa sobre los enredos del pequeño Nicolás, pero al final se ha producido todo lo contrario. El excomisario y empresario José Manuel Villarejo seguirá imputado en la pieza sobre la grabación ilegal a agentes policiales y de los servicios secretos, y su asociación jurídica no podrá seguir poniendo obstáculos en el desarrollo del procedimiento.

El juez Arturo Zamarriego, en algunas de sus últimas decisiones antes de dejar el caso Nicolás para ascender a la Audiencia Provincial, no sólo ha rechazado de plano el intento de Villarejo de que fuera declarada la nulidad de todas las actuaciones en la pieza separada sobre esa violación de la seguridad del Estado, sino que también ha expulsado de la causa a su Asociación Transparencia y Justicia, tal como habían reclamado tanto la abogada del Estado como el propio fiscal del caso.

Esa expulsión de una organización que se presentaba como "acusación popular", cuando su letrado trabaja en realidad para uno de los imputados, había sido solicitada por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) a instancias de Podemos.

La formación morada, personada en la causa como acusación, puso de manifiesto el fraude procesal que constituía que la Asociación Transparencia y Justicia –formada por Rafael Redondo, socio de Villarejo, y por el empleado y abogado personal del comisario, David Macías– formase parte del procedimiento como "acusación popular".

Según explicó la letrada de Podemos, el informe elaborado por la comisión judicial del caso puso de manifiesto que Macías es además administrador de la empresa que edita la página digital del comisario Villarejo, investigada en el procedimiento y cuya directora, Gema Alcalá, y un exredactor de ese medio también están imputados.

"Resulta evidente" –expusieron en su escrito los miembros de la comisión judicial– "que la asociación Transparencia y Justicia no pretende personarse en defensa del interés general como acusador popular, puesto que tiene interés directo en la defensa de los intereses particulares del Sr. Villarejo, por las vinculaciones societarias y personales indicadas, de este modo muy difícilmente podrá actuar como parte acusadora en contra de sus propios intereses habidas las relaciones entre acusado y acusador pudiendo existir un móvil espurio en la personación de la Asociación Transparencia y Justicia".

De hecho, esa asociación está tomando el relevo del falso sindicato Manos Limpias –tras la detención de su secretario general, Miguel Bernad– en la presentación de denuncias y querellas para personarse en causas judiciales relevantes y con repercusión pública.

Por otra parte, la Plataforma por la Honestidad, de la que forman parte los denunciantes de corrupción Ana Garrido (alertadora del caso Gürtel) y el exteniente Luis Gonzalo Segura (expulsado del Ejército), se ha personado y pide ampliar las actuaciones contra Villarejo también a Eduardo Inda y al ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, porque "estarían presuntamente amenazando a la Casa Real y al CNI con revelar a la opinión pública algunas actividades de la monarquía en caso de no atender sus requerimientos de obtener impunidad en la causa del pequeño Nicolás, entre otros en los que estaría envuelta la denominada mafia policial", explica su presidente Pedro Arancón.