El empresario Juan Carlos Escribano y el abogado Rafael Redondo son el segundo escalafón dentro de la presunta organización criminal, que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción investigan en la Operación Tándem. Fueron detenidos junto a los comisarios José Manuel Villarejo y Carlos Salmanca, que serían la cúspide de esta pirámide, y los hijos de ambos y la mujer del multimillonario policía, Gema Alcalá (tercer escalafón de esta red). 

Aunque la juez Carmen Lamela decretó la libertad sin medidas cautelares de Escribano, su participación conduce la investigación hasta dos lugares claves de este entramado, donde se produjeron varios registros el pasado noviembre: la ciudad malagueña de Estepona y Valencia. Y a una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desarrollada entre 2006 y 2008, cuando estaba dirigida por el comisario José Luis Olivera: el caso Astapa.

Astapa: un ayuntamiento al servicio del comisario

Según el informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el comisario Villarejo es propietario, a través de su socio, colaborador y empleado David Macías, de 18 pisos (entre ellos dos áticos), 20 trasteros/garaje y un gran local comercial (toda la planta baja) en esos edificios. En el local se sitúa la clínica Cenyt, también propiedad del "agente encubierto", ya que muchas de sus inversiones junto con Juan Carlos Escribano en Estepona se centran en el sector de la Sanidad.

Juan Carlos Escribano Carcel fue uno de los testigos llamados por la UDEF para ir a declarar en contra del alcalde socialista Antonio Barrientos en la conocida Operación Astapa. No aparecía en la denuncia que había puesto el entonces alcalde, David Valadez, ni en ninguna declaración ni siquiera en las escuchas, pero los investigadores dieron enseguida con el socio de Villarejo en el conjunto residencial de lujo El Mirador de la Cala.

Edificio El Mirador de la Cala.

En su declaración contra Barrientos y otros técnicos del ayuntamiento, Escribano aseguró que le habían pedido una rebaja en la venta de inmuebles incluidos en su promoción, indicándole que si dicha rebaja no se producía no le iba a ser concedida la licencia de primera ocupación. Sin embargo, según los acusados en Astapa, la primera ocupación no se le concedía por las graves irregularidades que existían en dicha promoción de alojamientos de lujo.

Para avalar su testimonio, Escribano aseguró que fueron testigos de esas presuntas “presiones” su directora comercial y su directora financiera. Sin embargo, cuando ambas fueron llamadas a declarar como testigos manifestaron ante el juez que todo era falso. El exalcalde tuvo entonces palabras gruesas contra Escribano, al que llamó "golfo", "sinvergüenza" y "tipejo" en varias declaraciones a la prensa. 

Los técnicos del área de Urbanismo del consistorio habían detectado diversas deficiencias e irregularidades en El Mirador de la Cala (entre otras, la falta de 113 aparcamientos) y también tenía que abonar los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían al Ayuntamiento (1.762,60 m2 en primera línea de playa), lo que suponía abonar unos dos millones de euros. Pero cuando Barrientos fue sustituido por Valadez, el nuevo alcalde le concedió la licencia de primera ocupación el 6 de noviembre de 2008 sin aprovechamientos ni garaje, y una semana después declaraba ante el juez contra el anterior regidor. 

El responsable de Urbanismo en ese momento, tras haberse desatado la Operación Astapa, era un hombre de la total confianza del comisario Villarejo: Diego de Lucas Villarubia.  Así fue reconocido por el propio David Valadez en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Estepona, en noviembre de 2008: “He traído a un arquitecto de confianza que no tiene interés alguno en el municipio para poner orden en el departamento de Urbanismo. Que el nuevo gerente es Diego de Lucas”.

Diego de Lucas, el hacedor urbanístico de Villarejo

No salió barato el fichaje a los ciudadanos de Estepona. Diego de Lucas fue contratado por Valadez como gerente de Urbanismo sin que mediara ningún tipo de proceso selectivo, cobrando 104.000 euros anuales de sueldo, más otros 12.000 euros anuales por dietas, como dictaminó el Juzgado de lo Social Nº6 de Málaga. 

Los beneficios de esta contratación efectuada en 2008 se reflejaron rápidamente en la cuenta de resultados de la empresa de Villarejo y Escribano, gracias a solucionarse el problema de El Mirador de la Cala. En 2008 nació una deuda en el grupo Cenyt (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones) de 1,51 millones que coincidió con la entrada en el balance de un ático, viviendas y plazas de garaje de la promoción El Mirador de la Cala en Estepona, poco después de la concesión de la licencia de primera ocupación. La deuda se canceló en 2009, año que recogió, además, un resultado extraordinario de 3,1 millones de euros que podría incluir la condonación de esa deuda, según reveló El País y se confirma ahora con la Operación Tándem. 

Desde entonces, las reuniones de los empresarios con Diego de Lucas se trasladaron de Estepona a la madrileña Torre Picasso, donde el comisario tenía su central empresarial y donde De Lucas hacía otras actividades dentro del entramado empresarial de Villarejo. Prueba de ello es que Diego de Lucas ha sido administrador único de Sensible Code, empresa que edita la página web que regenta la mujer del comisario, Gemma Alcalá Garcés, y que forma también parte del entramado de blanqueo de capitales que ahora se investiga.