Más de un año ha pasado desde que la jueza María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga en Argentina los crímenes del franquismo, emitiera su primera resolución en la que dictaba órdenes de detención internacional contra cuatro exfuncionarios franquistas. Dos de ellos habían fallecido, y la Audiencia Nacional terminó por rechazar el pedido de extradición de los otros dos, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Desde el origen de la causa en 2010, la magistrada emitió cuatro exhortos, realizó videoconferencias desde Argentina para dialogar con víctimas del franquismo, e incluso viajó a España para conocer de primera mano los estragos que había hecho la dictadura española. El golpe de gracia llega con este segunda segunda resolución en la que imputa y pide la extradición de ocho exministros franquistas, dos antiguos jueces, ocho expolicías, un ginecólogo y un abogado.

Es la primera vez que la Justicia ordena la detención de altos cargos del Gobierno franquista. 'Todas las imputaciones que pedía la Fiscalía y la querella han tenido buena acogida por parte de la jueza', explicó a Público Máximo Castex, abogado de las víctímas que elevó a la Justicia los pedidos de extradición. 'Lo que me pone contento es la buena noticia que esto supone para las víctimas. Estoy pensando en Andoni Txasko Díaz [superviviente a la masacre de Vitoria], y Merçóna Puig Antich [hermana de Salvador, último ejecutado a garrote vil por la dictadura]'.

La Justicia argentina debe esperar ahora a que su requerimiento tenga correlato en la Justicia española. 'Tendremos que aguardar para ver qué ocurre con los jueces que intervengan en la Audiencia Nacional y las resoluciones que tomen al respecto. Pueden ordenar las detenciones de estas 20 personas, de algunas de ellas, o tomar medidas cautelares, que es otra manera que tienen los jueces para su citación', expuso Castex.

Esta última alternativa fue la que escogió el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2013, ante el pedido argentino de que se extraditara a Muñecas Aguilar y González Pacheco, acusados de torturas. Ruz los citó en su juzgado y les impuso medidas cautelares como la prohibición de salir del país, la retención de su pasaporte y la concurrencia esporádica al juzgado. Meses después, la Audiencia Nacional terminó por rechazar su extradición.

'Ahora es distinto, porque hay que ver la repercusión que en el poder judicial español tendrán estas 20 imputaciones. Primero se verá qué dice el Consejo de Ministros y si gira los pedidos de extradición a la Audiencia Nacional, con la gran diferencia de que en este proceso está vinculado también José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón', reflexionó el abogado. 'Aquí si habrá un cambio radical con respecto a los casos anteriores'.

Si el Consejo de Ministros autoriza a que el caso sea resuelto por el poder judicial, habrá una primera etapa de instrucción que tramitará la Audiencia Nacional. Después de que el organismo tome contacto con los imputados y ordene posibles medidas o pruebas cautelares, se realizará una audiencia pública que estará a cargo de la Sala de lo Penal de la Audiencia, integrada por tres jueces.

'Eso es independiente de las medidas de detención a través de la Interpol que ya ha cursado la jueza para estos 20 imputados', recordó el abogado argentino. 'Y aunque España rechazara la extradición de Billy el Niño y Muñecas Aguilar, para la Justicia argentina siguen siendo imputados y sujetos a ser extraditados'.

Los pedidos de detención contra los 20 franquistas establecen una nueva pauta en la trayectoria de la causa. 'Es la primera vez que se imputa a ex ministros, además por hechos de conocimiento internacional. Personajes como Rodolfo Martín Villa y Utrera Molina, que son los más notorios entre esta veintena de imputados, van a potenciar la atención que se le dé al desenlace del pedido argentino. A diferencia de la vez pasada, que fueron dos imputados, ahora tenemos 20 procesos en futuro curso', resaltó Castex.

La querella pidió las primeras nueve imputaciones en marzo de 2013, de las que la jueza apoyó cuatro. En 2014, llegó la segunda solicitud para que Servini de Cubría extraditara a 15 franquistas más. 'Después de que el fiscal presentara su dictamen a finales de octubre pidiendo la indagatoria de estos últimos, volvimos a reiterar nuestro pedido de que en la resolución de la jueza se incluyeran a los cinco exministros cuya imputación había quedado pendiente', añadió el abogado.

La otra diferencia con la primera resolución de la jueza es que en esta ocasión aparece mencionada la actuación de la Fiscalía. 'Al dejar constancia de los pedidos de indagatoria del Ministerio Público Fiscal, lo que hizo Servini de Cubría fue reforzar y respaldar los reclamos de la querella. En su primera orden de extradición contra Muñecas Aguilar y González Pachecho, la jueza sólo mencionaba los aportes y las acusaciones de la querella, pero ahora nombra la actuación  y solicitud de la acusación pública, encabezada por el fiscal'.

Para que los 20 imputados pasen a ser procesados, tienen que ser extraditados a Argentina a fin de realizarles la declaración indagatoria, pues la legislación argentina no permite el juzgamiento en ausencia. Entre tanto, la jueza podría pedir otras medidas ya solicitadas por la Fiscalía, como la exhumación de restos o la apertura de fosas comunes.

Pero lo más importante, a juicio de Castex, es ver cómo repercute esta noticia en la sociedad. 'La clave es ver cómo reaccionan no sólo las víctimas, sino España entera. Se está poniendo en el banquillo de los acusados a 20 personas, entre ellos, a ocho exministros', resaltó el abogado.

'Creo que por un real convencimiento, llegará un momento en que la Justicia española, fiscales y jueces, dirán basta y tomarán intervención. Si para una Justicia extranjera esto queda claro, qué mejor que tome cartas la Justicia española para que haya una investigación real', razonó Castex. 'Por eso es importante ver cómo reaccionará el conjunto del país, y qué postura adopta una dirigencia política que podría estar representada por Podemos. Éste es el objetivo general, y en este sentido, la resolución de la jueza va encaminada a lograrlo'.