Clara Ponsatí, en libertad tras negarse a prestar declaración en el juzgado

La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha quedado en libertad horas después de que fuese detenida por los Mossos para que un juez de guardia de Barcelona le notificara que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la ha procesado por desobediencia por el 1-O.

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta mañana a la exconsellera del Govern de Carles Puigdemont (después de que ella misma anunciara a primera hora del día en redes sociales su presencia en Barcelona), a raíz de la orden emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena para poder notificarle su procesamiento por desobediencia en la causa del procés.

Aprofitant la fresca del mati he fet un vol fins a la Casa Vicenç. Mentre siguem aquí, Catalunya continuarà dempeus.
Bon dia, Barcelona! pic.twitter.com/XzKHgQguF4

— Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 24, 2023

Una vez ha sido trasladada a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, el propio juez Pablo Llarena ha acordado, en un auto, que el juzgado de guardia de la capital catalana practicara la declaración indagatoria, trámite indispensable para poder proseguir con la causa judicial por su papel en el 1-O, y que posteriormente la detención quedara sin efecto y fuese puesta en libertad.

Cuando hacia las 14.50 horas Ponsatí ha salido del juzgado, donde han ido a arroparla dirigentes independentistas como el diputado de la CUP, Carles Riera, o la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, entre otros, la exconsellera ha afirmado que se ha acogido a su derecho a no declarar.

"No he contestado a ninguna pregunta porque es lo que me ha recomendado mi abogado y soy muy obediente", se ha limitado a señalar Ponsatí a los periodistas tras serle notificada su procesamiento por un delito de desobediencia.

En su auto, Llarena ha resaltado que optado por que fuese el juez de guardia de Barcelona quien llevase a cabo el trámite de la declaración indagatoria al considerar que la conducción policial de Ponsatí al Tribunal Supremo supondría una extensión de la privación de su libertad en un delito que no contempla penas de cárcel.

Además, ha remarcado que la "renuencia" de Ponsatí a "someterse a la ineludible declaración indagatoria" invalida "cualquier intento" de citación "que pretenda alcanzar su comparecencia en libertad".

De hecho, Llarena dictó el pasado 21 de junio una orden nacional de detención contra Ponsatí (que es la que han ejecutado este lunes los Mossos), porque la exconsellera del Govern de Puigdemont durante el 1-O no compareció ante el Supremo cuando fue citada por primera vez, el pasado 24 de abril, para notificarle su procesamiento por un delito de desobediencia en la causa del procés.

Ponsatí ya había sido detenida por los Mossos en Barcelona el pasado 28 de marzo, cuando regresó a España tras cinco años huida de la justicia española, en virtud de la orden de detención que tenía pendiente por facilitar el referéndum del 1-O.

En aquella ocasión, Ponsatí fue conducida a los juzgados de guardia de Barcelona y a las pocas horas quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el Supremo el 24 de abril, si bien acabó plantando al juez, lo que ha comportado su nueva detención este lunes para cumplir con el trámite de notificarle su procesamiento.

En su orden de detención tras este plantón, Llarena argumentó que desatendió "voluntaria e injustificadamente la citación judicial" del pasado 24 de abril, aunque precisó que la orden de detención podía quedar sin efecto si la eurodiputada se presentaba voluntariamente ante él, como hicieron las procesadas Meritxell Serret y Anna Gabriel, que también huyeron del país y acabaron regresando a España.

Posteriormente, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retiró el pasado 5 de julio la inmunidad parlamentaria como eurodiputados a Ponsatí y al expresidente catalán Carles Puigdemont (exiliado en Bélgica y que podría tener la llave del Gobierno español), y al también exconseller Antoni Comin, al desestimar "todos los motivos" que alegaron para intentar que la justicia europea anulase el suplicatorio que en 2021 aprobó el Parlamento Europeo.