MADRID.- El grupo parlamentario de Ciudadanos ha pedido hoy al Gobierno en funciones ordenar urgentemente, antes de que prescriba, a la Agencia Tributaria que realice las inspecciones a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 y no pagaron el 10 % del patrimonio aflorado.

El portavoz de Fiscalidad del grupo parlamentario de Ciudadanos, Francisco de la Torre y el portavoz de Economía, Toni Roldán, han presentado hoy en el Congreso una proposición no de Ley para que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, materialice el compromiso que adquirió con Ciudadanos para recuperar el 7% no recaudado en la amnistía fiscal.

De la Torre recuerda que el derecho de la administración para inspeccionar las declaraciones de los acogidos a esta regularización prescribe el 30 de noviembre, por lo que es "urgente y prioritario" ordenar estas comprobaciones "dentro del ámbito de la legalidad".

"Instar al Gobierno en funciones a que también anule las instrucciones internas que han permitido que no se comprueben hasta ahora estas declaraciones tributarias y pedir que se realicen estas inspecciones, porque la situación es de urgencia", ha afirmado.

De la Torre ha recordado que "ni el Estado de Derecho ni la Agencia Tributaria está en funciones", y ha incidido en que la proposición no de Ley responde al compromiso personal de Rajoy de cumplir con las medidas antifraude derivadas del acuerdo de investidura con Ciudadanos.

Ha explicado que la amnistía fiscal de 2012 tenía por objeto aflorar cerca de 40.000 millones de euros al aplicar un 10 % al patrimonio aflorado y que finalmente se pagó "una media del 3 %" por lo que podrían recuperarse 2.800 millones de euros.

"España tiene graves problemas de cumplimiento de déficit, hay problemas con los recortes y necesitamos imperiosamente recaudar el 7 % que fue lo que se dejó de recaudar en esta amnistía fiscal", ha asegurado, tras añadir que no se puede exigir "ni un euro al contribuyente honesto sin antes aplicar la ley a los defraudadores".

Ciudadanos añade en la iniciativa que dado que el plazo para la presentación de las declaraciones y el ingreso de esta regularización extraordinaria venció el 30 de noviembre de 2012, esto supone que, cuatro años más tarde, el 30 de noviembre de 2016 prescribirán las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes.

Además, recuerda que esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional que admitió a trámite el recurso, pero todavía no lo ha resuelto y considera que para asegurar la efectividad de la decisión del Tribunal Constitucional es preciso que las situaciones jurídicas no hayan adquirido firmeza.

"Esto sólo ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de que prescriban las obligaciones tributarias de los defraudores", afirma.