El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora, sacó adelante por quince votos a seis, el informe que critica duramente el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, recordando al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica". 

Ahora, cinco de los vocales que se opusieron señalan que el informe es "oscuro" y que "convierte el Derecho a la Vivienda del artículo 47 en una mera declaración retórica de la Constitución, cuando es un Derecho de adscripción constitucional".

Asimismo, defienden que las reflexiones que vierte el escrito sobre las competencias del Estado en materia de derecho a la vivienda "fuerzan el sentido de la jurisprudencia constitucional" cayendo en contradicciones "evidentes", lamentan los vocales en su voto particular, y cuyas opiniones han sido recogidas en un documento que se adjuntará al informe aprobado por el pleno y que también recibió el apoyo de dos vocales propuestos por el PSOE. 

Evaluación de las competencias del Estado

En este voto particular se apunta que el informe elaborado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero imputa "de manera grosera" al Anteproyecto de Ley y al prelegislador "un intento de burlar el tenor de la Constitución, en su artículo 150.3, acusándole de introducir una fraudulenta regulación de una ley Armonizadora, eludiendo los cauces constitucionales para ello".

Añaden que supone "una diferente interpretación de la Constitución y de la jurisprudencia respecto al alcance del artículo 47 y sobre todo respecto "a la existencia de un Derecho de adscripción Constitucional a una Vivienda digna y adecuada".

Entienden los vocales discrepantes que el nuevo informe que ha salido adelante "restringe hasta convertirlo en mero principio retórico" ese derecho, y añaden que se evalúa de forma incorrecta también las competencias del Estado en este campo porque "siendo cierto que la Vivienda es competencia de las Comunidades Autónomas, y así lo reconoce el Anteproyecto de Ley, no son competencias que deban permanecer blindadas a las mismas y ajenas a toda intervención, por básica que sea, de los poderes públicos del Estado".

A pesar de este escrito, el Gobierno sacará adelante la norma el próximo martes en el Consejo de Ministros. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que en el informe "no se observan comentarios que hagan dudar de la validez y solvencia jurídica que siempre hemos defendido de este anteproyecto".

En contra de la norma: jueces propuestos por PP, PSOE y PNV

En concreto, el nuevo informe fue apoyado por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach (PSOE), José Antonio Ballestero (PP), Ángeles Carmona (PP), Victoria Cinto (PSOE), Nuria Díaz (PP), Juan Manuel Fernández (PP), Rafael Fernández Valverde (PP), Vicente Guilarte (PP), Enrique Lucas (PNV), Carmen Llombart (PP), José María Macías (PP), Juan Martínez Moya (PP), Gerardo Martínez Tristán (PP) y Wenceslao Olea (PP).

Los votos en contra fueron los de los vocales progresistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Todos ellos, a excepción de Mar Cabrejas, firman el voto particular.