La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que archive su acusación en el caso Máster por un delito de falsedad documental al estimar que los indicios sobre los que se sustenta la juez Carmen Rodríguez Medel son "inconsistentes", incidiendo en que su investigación ha tenido como "único resultado" su "deterioro personal, reputacional y profesional".

Así consta en el recurso presentado por la defensa de la exdirigente madrileña ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto en el que la juez daba por concluida la investigación, una resolución que se pide anular. Este auto supone el paso previo a la apertura de juicio oral y equivale al procesamiento al ser una pena inferior a 9 años de cárcel.

En el recurso, Cifuentes reclama a los magistrados de la Audiencia madrileña el sobreseimiento parcial de la causa, la nulidad del auto recurrido; y el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a su persona.

A Cifuentes se le procesa por un delito de falsedad documental en relación con el acta del Trabajo de Fin de Máster, algo sobre lo que el recurso señala que es "ajena" tanto en su "confección" como en su eventual "reconstrucción". La abogada de la expresidenta regional se queja de que "la única alumna que en esta causa continúa imputada" es su representada sobre "la base de unos planteamientos materiales y lógicos absolutamente inconsistentes".

En el auto impugnado, la juez de Instrucción número 51 de Madrid también concluía la investigación contra el exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC Enrique Álvarez Conde, la profesora Cecilia Rosado y la exasesora de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito.

En la impugnación, la letrada de Cifuentes insiste en que "de las diligencias de investigación efectuadas no se desprenden indicio alguno relativo a la participación" de su defendida "en la elaboración del documento cuestionado, ni del uso ni del aprovechamiento del mismo". "No cabe afirmar su intervención, ni siquiera al nivel indiciario propio de dicha fase del procedimiento, en concepto de autora mediata o inmediata, ni en calidad de partícipe bajo título alguno del presumible delito de otro", subraya.

Además, destaca que "los hechos acreditados, con toda rotundidad, no requieren la continuación del procedimiento respecto" a su patrocinada y señala que ha tenido como único resultado "el deterioro personal, reputacional y profesional de mi defendida, sin más argumento justificatorio que la falaz participación en una falsedad documental de la que se habría beneficiado".

La abogada carga contra la instructora por extraer "consecuencias absolutamente ajenas a cualquier forma de responsabilidad" por parte de Cifuentes e insiste en que debe llevarse a término "la debida expulsión de esos denominados indicios que no pueden convertirse en tales porque no lo son, amén de su ilícita obtención".

Sobre el acta falsificada, el recurso recoge que "la creación ex novo del acta se circunscribe al ámbito universitario, y puede responder a la pretensión de encubrir ciertas irregularidades en las que, eventualmente, pudieran haber incurrido la Universidad y quienes en esos momentos, y ante una situación de crisis, debían actuar con aparente transparencia, de manera que no se dañara ni su imagen ni su reputación".

"Mi representada es ajena a las instrucciones que pudiera dar Enrique Álvarez Conde a sus discípulas. También es ajena a la pretendida insistencia de las llamadas de Teresa Feito a cualquier profesora o profesor, por muy asesora que pudiese ser de la Consejería de Educación", recalca.

Y reitera que su representada "ni ordenó a nadie la confección de ninguna falsedad, ni presionó a nadie para que se faltase a la verdad en un expediente académico". "Por el contrario, no ha tenido jamás el menor interés en modificar ninguna realidad documental que afectase a su currículum, máxime conociendo y respetando el funcionamiento de la Administración Universitaria, en la que la misma es funcionaria por oposición de nivel A", agrega.

De este modo, recalca que "no se puede relacionar ni moral, ni materialmente" a Cifuentes "con la falsificación del acta de evaluación del TFM", pues, según la letrada, se trataría de "un salto en el vacío sin soporte lógico llevado a cabo por los derroteros de la sospecha, y no de la necesaria probanza de la relación entre el indicio de criminalidad y el indiciado".

Concluye afirmando que "lo único que ha quedado demostrado hasta ahora ha sido la nula intervención" de la exdirigente popular "no solo en ninguno de los episodios de los que se han podido investigar por esta Instructora, sino en ninguno otro por fuera de la legalidad, y su interés por el título académico lo revela el momento en que lo fue a recoger, absolutamente desconectado del momento de la emisión delmismo".