"El plan para instalar placas solares en los embalses nos recuerda a cómo se construyeron los embalses y cómo se hipotecaron los territorios. Somos conscientes de que hay una crisis energética y estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero no tenemos por qué ser siempre los que paguemos. Pedimos que se nos escuche", sostiene Maite Bardají, alcaldesa de La Puebla de Castro, un pueblo de la Ribagorza oscense ribereño del pantano de Barasona, y secretaria general de Femembalses, la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, una entidad formada por casi 600 ayuntamientos de todo el país que ha recibido con una mezcla de estupor e indignación el proyecto del Gobierno para instalar centrales fotovoltaicas en 105 pantanos. 

"Muchos alcaldes y alcaldesas se han puesto en contacto con nosotros, y vamos a dar apoyo a esos municipios en defensa de sus intereses", añade. Las causas del rechazo son claras: nadie les ha consultado antes de lanzar la iniciativa; no ha habido contactos previos con el territorio, como tampoco los hubo para construir los pantanos que anegaron valles y pueblos el siglo pasado, ni en los últimos años para tratar la eventual recuperación de las centrales hidroeléctricas de estos embalses. 

Y sienten que, de nuevo, y en algo que cada vez se siente más como una revictimización vinculada a la creciente depredación del territorio y el paisaje, esas infraestructuras energéticas amenazan los ecosistemas sociales que han ido surgiendo en las zonas con embalses, a menudo vinculados al turismo rural, en deporte de aventura y la alimentación.

"El esfuerzo que le ha costado al territorio generar desarrollo en torno al turismo rural se va a cortar a la vez que se provocan impactos en las estructuras socioeconómicas, en el paisaje y en el medio ambiente", anota Bardají, que recuerda cómo el plan del Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica) coincide con la tramitación en el de Industria de un proyecto de Femembalses a financiar con fondos europeos para crear la marca "turismo de embalse" como base para unificar la identidad de la oferta de ocio en esas masas de agua. "Estamos trabajando en esto y nos vuelven a hipotecar. Las formas no nos parecen adecuadas. Las cosas se están haciendo como siempre", señala Bardají.

La dependencia europea del gas ruso como argumento

Las primeras gestiones de compañías eléctricas como Acciona y Magtel para instalar centrales solares de doce y de veinte hectáreas de extensión en el pantano de Mediano, en el Cinca, en torno al cual lleva años consolidándose un ecosistema local de turismo rural y actividades sostenibles llevó hace unos meses a ayuntamientos como el de Aínsa a establecer una moratoria para este tipo de proyectos energéticos, algo que ha sucedido en otras zonas del país con la eólica y la solar sobre tierra.

Sin embargo, lo que hasta hace poco era una alternativa poco explorada, con la única experiencia en España de la central de 1,2 hectáreas de Acciona en Sierra Brava (Cáceres) mientras Endesa inicia sus inversiones en este formato en Portugal, cambió hace unas semanas: el Gobierno incluyó en el decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania dos modificaciones de la Ley de Aguas que habilitan la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes, y su explotación en régimen de concesión, así como la cobertura de canales de agua con placas solares.

"La Comisión Europea ha instado a los países de la UE a acelerar el desarrollo de las renovables para mejorar la eficiencia energética, bajar las facturas que pagan empresas y ciudadanos y reducir la dependencia del gas ruso", explicaron fuentes del Miteco, que señalaron que la tramitación del decreto que regulará la primera de esas dos opciones, ya finalizada, supone un trámite de audiencia pública para todos los interesados.

El proyecto de decreto, para cuya aprobación definitiva no hay todavía fecha al estar pendientes los informes de la Comisión Nacional de la Energía y del Consejo de Estado, asegura, en referencia a España y pese a su contestado modelo de despliegue de la energía verde, que "las instalaciones solares fotovoltaicas flotantes abren nuevas oportunidades para aumentar la capacidad de generación eléctrica de origen renovable, especialmente en países con una alta densidad de población y escasez de suelo disponible", además de atribuirles "ciertas ventajas sobre los sistemas terrestres, como un mejor rendimiento energético gracias a los efectos de enfriamiento del agua y la disminución presencia de polvo, entre otros aspectos".

Un listado de 105 pantanos

El anexo del decreto contempla sacar a licitación concesiones de hasta 25 años de duración para explotar plantas en 105 embalses, tres en la cuenca del Duero, 19 en la del Ebro, 24 en la del Guadalquivir, 28 en la del Guadiana, cinco en la del Júcar, uno en la del Miño, cinco en la del Segura y veinte en la del Tajo.

Las principales centrales fotovoltaicas se localizan en los pantanos de La Serena (1.912 hectáreas de superficie reservada para placas), Orellana (178,8), Villar del Rey (176,8) y García de Sola (123,8), en el Guadiana; en los de Rosarito (175,4), Finisterre (128,1) y Navalcán (121), en el Tajo; en los de Puente Nuevo (211,8), Guadalén (151,4) y Huesna (118,5), en el Guadalquivir, y en el de la cabecera del Ebro (215).

En varias de esas zonas han comenzado a surgir movimientos de oposición a la instalación de esas plantas energéticas por el temor a las consecuencias que pueden acabar teniendo para esas áreas.

"Intentamos superar la etapa de la queja para crear identidad propia y que el pantano sea más un foco de desarrollo que un hándicap, pero ahora está en juego el trabajo de muchos años para sacar adelante el territorio", explica la secretaria general de Femembalses, que relativiza la importancia de los ingresos que esas instalaciones pueden reportar a los municipios vía tributos: "Un ayuntamiento puede ser muy rico, pero, ¿de qué le sirve si no queda gente en el pueblo? ¿Para qué lo quiere si no puede apostar por lo que se ha desarrollado en torno al embalse?".

Unas instalaciones de consecuencias desconocidas en el medio

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, también tiene un posicionamiento crítico con la iniciativa. "Cualquier desarrollo de renovables basado en criterios sostenibles nos parece bien, pero estamos dedicando dinero y esfuerzo a lo moderno, a la última moda, y eso nos preocupa a veces", señala, cuando "el despliegue de las renovables tiene pendiente que los equipos de autoconsumo doméstico sean un electrodoméstico más, que el consumo colectivo vaya fluido o que haya reservas de potencia para generación distribuida. Eso son cosas que deberían tener carácter urgente".

"No nos negamos a cualquier desarrollo de las renovables, pero hay que poner pie en pared y no dejarse llevar por la última moda", anota, mientras cuestiona la idoneidad de "ir a poner placas a los pantanos habiendo tierra disponible y explotable" y recuerda que "la energía no puede ser un sustituto de la agricultura".

El propio decreto, por otra parte, plantea dudas sobre la sostenibilidad ambiental de la iniciativa, ya que al ser "reciente y aún poco explorado", "el concepto de fotovoltaica flotante", "no existen estudios sistemáticos sobre los posibles impactos causados por dichas instalaciones", por lo que el Miteco admite que es "necesario tomar con mucha cautela la puesta en marcha de estas actuaciones, y establecer programas de seguimiento".

De hecho, el propio texto sometido a consulta asume que "estos sistemas de generación en ecosistemas forzados como son los embalses pueden tener efectos adversos sobre la productividad de los mismos, sobre la calidad del agua o incluso sobre la biota que en ellos se asienta", lo que obliga a "evaluar cuales son los impactos asociados", entre los que tampoco puede descartar "si la consecuencia de aplicarlas puede ser compatible o no con el mantenimiento de la vida acuática". "También se debe evaluar qué tipo de embalses soportan mejor este uso o si en algunos casos podría ser un uso incompatible", añade.