Un paraíso para la violencia de sesgo franquista. Un reino donde aflorar el terror desde las entrañas del Estado. Un país, el único de Europa, en el que las acciones extremistas podían poner en riesgo la supervivencia de la propia democracia. En febrero de 1983, a las puertas de que el GAL se sumase a la guerra sucia contra ETA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) detectó que España se había convertido en uno de los principales terrenos de actuación del "terrorismo de derecha" en el continente europeo.

Según consta en un documento parcialmente desclasificado al que ha tenido acceso Público, los servicios de inteligencia estadounidenses incluyeron entonces a España entre los países de Europa donde existía un claro fenómeno de acciones terroristas perpetradas por grupos ultraderechistas.

En esa línea, el informe describía las perspectivas de ese tipo de terrorismo en Alemania, Francia, Italia y España. A criterio de la CIA, los grupos neofascistas en esos países atraían de forma creciente "a un mayor número de inadaptados, perturbados mentales y delincuentes comunes, especialmente en las bases".

El informe remarcaba que los grupos neofascistas y neonazis "presentan muchos de los rasgos de los movimientos de extrema derecha que arrasaron Europa" en el periodo vivido entre las dos guerras mundiales. "Al igual que sus predecesores, que aceleraron el colapso del gobierno constitucional en varios países europeos en ese periodo, los terroristas derechistas contemporáneos siguen atacando a los partidos socialistas y comunistas, a las comunidades judías, a los sindicatos y a los símbolos de la democracia parlamentaria en países como Italia, Alemania Occidental, Francia y España", apuntaba.

"En España, el terrorismo de derecha está alimentado por las preocupaciones más amplias de las fuerzas franquistas que temen perder su estatus en el nuevo sistema democrático", sostenía la CIA. De hecho, la agencia estadounidense advertía sobre el "peligro potencial" que esos grupos "suponen para las instituciones democráticas en España".

En ese momento eran ya conocidas las acciones terroristas contra abertzales o militantes de izquierda, principalmente en el País Vasco y Navarra, por parte de un enjambre de siglas como Batallón Vasco Español, Grupos Armados Españoles, Antiterrorismo ETA o Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A). Distintas investigaciones han señalado la relación de esos grupos con miembros de la Policía o la Guardia Civil.

En octubre de 1983 -ocho meses después de la publicación del informe de la CIA- los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación, más conocidos por las siglas de GAL, se estrenaban con el secuestro y asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala.

"Bandas de matones"

Tras hacer ese repaso, la CIA aclaraba que "con la posible excepción de los de España, los grupos neofascistas no son tanto los representantes de una fuerza social o incluso política", sino más bien "bandas de matones que pretenden arremeter contra los grupos e instituciones –incluidos los gobiernos– que perciben como responsables de su situación".

"Debido a la escasa calidad de sus reclutas, los grupos de extrema derecha contemporáneos tienden a ser ideológicamente estériles, mal organizados y aleatorios en su violencia. Con la excepción de la todavía incipiente democracia española, no creemos que supongan una amenaza para los sistemas democráticos", afirmaba, al tiempo que advertía que "su predilección por la violencia y los asesinatos indiscriminados les da al menos la posibilidad de desestabilizar a determinados gobiernos y poner en peligro a determinadas organizaciones no gubernamentales".

El informe estaba acompañado por una tabla estadística en la que se ofrecían datos sobre la evolución electoral de la formación neonazi alemana NPD, del Frente Nacional francés que había creado Jean-Marie Le Pen, del fascista MSI italiano y de la formación franquista Fuerza Nueva, liderada por Blas Piñar.