El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió el pasado mes de abril un expediente disciplinario al juez de Madrid Elpidio José Silva, que el pasado jueves ordenó el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que podría suponer su expulsión de la carrera judicial.

Ésta no es la única investigación a la que está sometido Silva en estos momentos, ya que la Fiscalía de Madrid abrió hace un par de meses unas diligencias a raíz de una denuncia sobre su 'comportamiento personal' con el personal del Juzgado y con las personas que acuden al mismo, incluyendo la representación del Ministerio Público.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han informado a Efe de que la Comisión Disciplinaria abrió el expediente por dos faltas muy graves -una por retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y otra por falta de motivación de sus resoluciones- y otra grave por desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado.

Ninguna de las faltas está relacionada con la causa en la que investiga la concesión por parte de Caja Madrid de un crédito al expresidente de la CEOE y exdueño del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán y la adquisición por parte de la entidad del City National Bank de Florida, en Estados Unidos, según las mismas fuentes.

Según el artículo 420.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), las faltas graves se castigarán con multa de entre 300 y 3.000 euros y las muy graves con la suspensión, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera.

La instrucción del expediente al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha correspondido a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que finalizada la investigación hará una propuesta de archivo o de sanción.

Además, la Fiscalía de Madrid tiene abiertas otras diligencias de investigación sobre Silva por su trato al personal de su Juzgado y a las personas que acuden al mismo que tampoco está relacionada de ningún modo con el caso en el que están imputados Blesa y Díaz Ferrán.

Si el Ministerio Público, que inició hace un par de meses sus investigaciones, considera que la actuación del magistrado tiene encaje penal presentaría una querella contra el mismo ante el Tribunal Superior de Madrid, han informado a Efe fuentes fiscales.