CCOO, UGT y 72 juristas piden reformar el Código Penal para que la protesta social no se equipare con terrorismo

Los dos principales sindicatos del país, CCOO y UGT, con Unai Sordo y Pepe Álvarez como secretarios generales respectivamente, han manifestado este lunes, en un comunicado, su "intensa preocupación" por "las últimas interpretaciones realizadas por algunos Juzgados y Tribunales, sobre el alcance del delito de terrorismo". Concretamente, apuntan al auto de Tribunal Supremo del pasado 29 de febrero donde se abrió una causa contra el expresident catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo, dentro del caso Tsunami Democràtic.

Los delitos por los que se investiga al expresident no están recogidos en la ley de amnistía, ya que el alto tribunal considera que se causaron daños de forma intencionada y que derivaron en "graves violaciones de derechos humanos". En el manifiesto, al que también se han adscrito 72 juristas procedentes de diversas entidades, consideran que la interpretación de la norma se hizo "de la manera más expansiva".

Para poner fin a casos donde, señalan, "la protesta social se equipara con terrorismo", los firmantes del manifiesto piden una modificación del Código Penal. Concretamente, solicitan que la acusación por delito de terrorismo, recogida en el artículo 573, se redacte de manera que sea menos interpretable y, así, "adecuarla a la doctrina legal europea".

El manifiesto señala que hay nuevas formas de terrorismo –como los de naturaleza yihadista o con orientación político-religiosa– y que la Unión Europea "ha ido adaptando los criterios" a las necesidades pero, en ningún momento, "se ha modificado lo que es esencial del terrorismo, que son precisamente los delitos aptos para generar terror en la población". Según argumentan, atentados como los de ETA o el 11M, que las entidades firmantes sí consideran terrorismo, no deberían equiparse a las movilizaciones sociales sucedidas en Catalunya durante el procés, lo que deja en evidencia un claro error en la norma.

"Si esta interpretación no se evita, se podría terminar aplicando la calificación de terrorismo a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y, naturalmente, también a las trabajadoras/es en sus acciones de huelga y manifestación, a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental", señalan en el comunicado.