CCOO denuncia a Rajoy y Gallardón por no inhibirse al privatizar el Registro Civil

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al entender que ambos han podido cometer un delito cuando entregaron el Registro Civil a los registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Los registradores poseen empresas privadas con las que llevan los registros, aunque ellos sean funcionarios públicos. La entrega del Registro Civil supone pasar a su control la vida jurídica de todos los españoles, con informaciones como los nacimientos, matrimonios, fallecimientos, declaraciones de incapacidad, etcétera.

La entrega del Registro Civil supone dar a los registradores el control de la vida jurídica de todos los españoles El Consejo de Ministros aprobó esta privatización en su sesión del 4 de julio, "sin que conste inhibición o abstención previa ni del presidente del Gobierno, registrador y hermano de registradores ni del ministro de Justicia, a su vez suegro y cuñado de registradores", denuncia el sindicato.

Esta privatización se decretó una vez invertidos 130 millones de euros de dinero público en la digitalización de los Registros Civiles desde el año 1870 hasta la actualidad.

La medida fue introducida en el decreto "óminbus". Es una mera disposición adicional, la 24, dentro del Real Decreto de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Según el sindicato, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado impone, en su artículo 7, el deber de inhibición y abstención a los miembros del Gobierno de la Nación, secretarios de Estado y demás altos cargos.

El acuerdo del Consejo de Ministro supone la presunta comisión de un delito "por vulneración del deber de abstención o inhibición", según el sindicato, por lo que ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

También ha solicitado de la Oficina de Conflictos de Intereses -dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- que inicien las diligencias de investigación necesarias por si la citada actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria.

Al mismo tiempo el sindicato ha convocado contra esta cesión de los registros y contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), una concentración este miércoles 10 de septiembre ante el Tribunal Supremo, coincidiendo con el acto de apertura del Año Judicial, y una huelga en la Administración de Justicia de ámbito nacional para el próximo 8 de octubre.

CCOO cree que las reformas supondrán "la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de juzgados en toda España"

Aducen que dichas reformas supondrán "la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de juzgados en toda España, y de juzgados o agrupaciones de Paz y la privatización de procedimientos y actuaciones" que hasta ahora eran competencia exclusiva de los juzgados y tribunales, que tramitaban y desempeñaban los funcionarios y funcionarias que prestan servicio en esta Administración de Justicia, "además de alejar la justicia de la ciudadanía y dificultar el acceso a la misma".

Por ello, CC.OO. hace un llamamiento al resto de las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, y asociaciones afectadas para "formar un frente común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia".