El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín han solicitado al Tribunal Constitucional que levante de manera urgente sus órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión en virtud de su inmunidad parlamentaria como eurodiputados.

Puigdemont y Comín, huidos desde 2017 y recién reconocidos eurodiputados por el Parlamento Europeo, han presentado un recurso de amparo, al que ha tenido acceso Efe, contra el auto de la Sala de lo Penal que confirmaba la negativa del juez instructor del "procés", Pablo Llarena, a dejar sin efecto sus órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión.

En su escrito, fechado el pasado 3 de enero, piden al tribunal de garantías que suspenda de manera cautelarísima el citado auto –y por consiguiente las órdenes de detención y el resto de medidas cautelares– en lo que decide si les otorga el amparo.

Ambos, procesados en la causa del procés, sostienen que la decisión de la Sala y de Llarena vulneró sus derechos, entre ellos el de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, a la libertad e igualdad o a entrar y salir libremente de España sin limitación por motivos ideológicos o políticos.

El expresident y el exconseller hacen referencia a la "situación de anomalía democrática" generada, a su juicio, por el Tribunal Supremo y al "absoluto desprecio" por parte de los órganos de la jurisdicción penal por las inmunidades recogidas por la Unión Europea.

Era a su juicio "inexcusable" levantar las órdenes de detención desde el momento de su proclamación y señalan que, solo se podrían mantener una vez obtenido el suplicatorio (autorización) del Parlamento Europeo.

Recuerdan que la inmunidad garantiza la libertad de movimiento de los eurodiputados y vuelven a aducir –como hicieron en otro de sus últimos escritos– el "vínculo" entre un parlamentario y sus representados, que resulta ser "absolutamente incompatible" con su detención y encarcelamiento.

La defensa de los procesados fugados carga duramente contra Llarena y la Sala e indica que se negaron a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europa –como ellos solicitaban– de forma "arbitraria e irrazonable".

Y consideran además que han recibido un "trato desigual" respecto a los condenados por el "procés", dado que el tribunal que les juzgó sí que optó por preguntar al TJUE.

Aunque estiman que la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras no suscita dudas en su caso, plantean que, de hacerlo, el TC debería elevar una cuestión prejudicial a Europa sobre su situación y sobre si la negativa de la Sala de Apelaciones del Supremo a consultar al tribunal supuso un incumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.