Catalunya Los procesados del Govern por malversación en el 1-O recurren la fianza de 5,8 millones

Los 17 excargos y técnicos del Govern procesados por los preparativos del 1-O han recurrido la fianza de 5,8 millones que les impuso la juez instructora por el dinero presuntamente malversado en el referéndum, alegando que esa cantidad supera la cifra que se exige en el Supremo a la cúpula del procés.

Según han informado  fuentes jurídicas, la mayoría de imputados por el referéndum han recurrido su procesamiento ante la juez instructora, que entre mañana y el próximo viernes ha citado a la treintena de investigados para notificarles los delitos de que les acusa -malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos- y darles la oportunidad de volver a declarar.

Concretamente, mañana están citados ante la instructora los 15 primeros procesados, entre los que figuran el ex secretario de Difusión de la Generalitat Antoni Molons, el ex secretario general de Presidencia Joaquim Nin o el exdirector de la delegación del gobierno catalán ante la Unión Europea Andreu Altafaj.

En varios recursos, los procesados por malversación argumentan que, en la causa contra los líderes independentistas procesados por rebelión, el Tribunal Supremo ya fijó en 2,1 millones la cantidad supuestamente desviada para el 1-O, y advierten de que no está justificado "asegurar por partida doble" una responsabilidad civil por los mismos hechos.

Las defensas admiten que el Supremo puede haber fijado una cantidad mucho menor que la del juzgado de instrucción 13 por un error o por haber dictado su auto de forma prematura, pero en cualquier caso creen que la cantidad establecida por el alto tribunal debe descontarse de la responsabilidad civil exigida a los procesados por los preparativos del 1-O.

Además de los procesados por malversación, también han recurrido su procesamiento por un delito de desobediencia -en su caso por permitir supuestamente que se emitiera propaganda del 1-O- el director de Televisió de Catalunya Vicent Sanchis, y el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.

Otras partidas que la juez incluye en el delito de malversación son 268.374 euros para impulsar el voluntariado vinculado al 1-O, 3.050 euros para el diseño de páginas web y 83.880 euros en propaganda y cartelería.