Los 17 excargos y técnicos del Govern procesados por los preparativos del 1-O han recurrido la fianza de 5,8 millones que les impuso la juez instructora por el dinero presuntamente malversado en el referéndum, alegando que esa cantidad supera la cifra que se exige en el Supremo a la cúpula del procés.

Según han informado  fuentes jurídicas, la mayoría de imputados por el referéndum han recurrido su procesamiento ante la juez instructora, que entre mañana y el próximo viernes ha citado a la treintena de investigados para notificarles los delitos de que les acusa -malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos- y darles la oportunidad de volver a declarar.

Concretamente, mañana están citados ante la instructora los 15 primeros procesados, entre los que figuran el ex secretario de Difusión de la Generalitat Antoni Molons, el ex secretario general de Presidencia Joaquim Nin o el exdirector de la delegación del gobierno catalán ante la Unión Europea Andreu Altafaj.

Trece de los procesados están acusados de un delito de malversación por los fondos públicos que presuntamente se destinaron al referéndum ilegal del 1-O, que la juez instructora cifra en su auto en un total de 4,3 millones, por lo que les pide paguen de forma solidaria una fianza de 5,8 millones para asegurar esa cantidad supuestamente desviada.

En varios recursos, los procesados por malversación argumentan que, en la causa contra los líderes independentistas procesados por rebelión, el Tribunal Supremo ya fijó en 2,1 millones la cantidad supuestamente desviada para el 1-O, y advierten de que no está justificado "asegurar por partida doble" una responsabilidad civil por los mismos hechos.

En todo caso, las defensas alegan que "si en alguno de los dos procedimientos la cantidad a asegurar fuera más elevada, debería de ser en aquel que se sigue contra quien supuestamente tuvo mayor relevancia en el diseño, control, y ejecución" del 1-O, dado que los imputados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona no dejan de ser cargos medios del "supuesto entramado delictivo".

Las defensas admiten que el Supremo puede haber fijado una cantidad mucho menor que la del juzgado de instrucción 13 por un error o por haber dictado su auto de forma prematura, pero en cualquier caso creen que la cantidad establecida por el alto tribunal debe descontarse de la responsabilidad civil exigida a los procesados por los preparativos del 1-O.

Los abogados de los procesados alegan además que sus funciones dentro de la Generalitat no les facultaban para tomar decisiones sobre el gasto del erario público y que, en todo caso, los pagos que se les atribuyen -como es el caso de la página web del Pacto Nacional por el referéndum o de los observadores internacionales- no eran ilícitos.

Además de los procesados por malversación, también han recurrido su procesamiento por un delito de desobediencia -en su caso por permitir supuestamente que se emitiera propaganda del 1-O- el director de Televisió de Catalunya Vicent Sanchis, y el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.

En su auto de procesamiento, la juez instructora cuantifica en un millón de euros el dinero supuestamente desviado para envíos postales del 1-O, en 900.906 el arrendamiento de locales cedidos o habilitados para la votación, en 1,2 millones la reforma del centro de telecomunicaciones que debía de servir como "call center" del referéndum, en 472.694 euros el registro de catalanes en el exterior y en 391.381 los gastos del Diplocat y observadores internacionales.

Otras partidas que la juez incluye en el delito de malversación son 268.374 euros para impulsar el voluntariado vinculado al 1-O, 3.050 euros para el diseño de páginas web y 83.880 euros en propaganda y cartelería.