La consulta soberanista que tendrá lugar hoy escribirá una nueva página en el encaje de Catalunya en el estado español. Este 9 de noviembre de 2014 culminará un proceso que comenzó hace 332 días, cuando un acuerdo entre CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP señaló una fecha y dos preguntas ('¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?' y, en caso afirmativo, '¿quiere que sea un Estado independiente?') para recoger el sentir de la sociedad civil catalana.
El proceso se ha caracterizado por la permanente negativa del Gobierno central y la mayoría del Congreso a permitir la consulta, y los esfuerzos de Generalitat y organizaciones sociales catalanas para hallar una fórmula que hiciera posible la votación. El primer desencuentro se produjo el pasado 20 de febrero, cuando el Congreso de los Diputados rechazó por amplia mayoría (votos de PP, PSOE y UPyD) la solicitud de poderes para convocar un referendum que un mes antes había realizado el Parlament.
Hace 228 días entró en juego el Tribunal Constitucional. Cuatro años después de cercenar una parte fundamental del Estatut de Catalunya, el alto tribunal anuló por unanimidad la declaración aprobada en el Parlament en enero de 2013 en la que se definía a Catalunya como un 'sujeto jurídico y político soberano' y que fue impugnada por el Gobierno.
La siguiente fecha clave en el camino hasta el 9-N llega el 16 de julio. Ese día la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament aprobó el texto de la ponencia de la ley de consultas con el apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP y el rechazo de PP y C's. Un mes más tarde, el Consell de Garanties Estatutàrie avaló, con cuatro votos particulares entre sus nueve miembros, la constitucionalidad del texto.
Hace 102 días, el 30 de julio, Artur Mas se entrevista con Mariano Rajoy en La Moncloa. Protagonizan un 'diálogo de besugos' en el que ambos se enrocan en sus respectivas posturas: Rajoy afirma que 'ni se puede celebrar ni se va a celebrar la consulta' y Mas lo acusa de 'no ofrecer ninguna solución' y se compromete a 'sacar las urnas a la calle'.
Ya en septiembre, le toca el turno de reunirse con el president al líder de la oposición. Pedro Sánchez defiende la opción del federalismo ante Mas y le pide alcanzar un acuerdo de mínimos antes de realizar la consulta.
El 11 de septiembre llega la tercera diada multitudinaria consecutiva. En esta ocasión los asistentes dibujan una 'V' con los colores de la bandera catalana en una movilización que es calificada por los organizadores —la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Òmnium Cultural— como 'la más masiva de la historia de Europa'. Los sucesivos éxitos de participación ciudadana de las diadas demuestran el poder de convocatoria del que estas organizaciones sociales soberanistas y proconsulta. La sociedad civil encabeza un proceso respaldado por la Generalitat y la mayoría de representantes políticos catalanes.
El Parlament de Cataluny aprobó la ley de consultas y creó el marco legal para realizar la votación hace 51 días. Bajo la atenta mirada de más de 300 periodistas internacionales acreditados, el 19 de septiembre el Pleno catalán apoya la norma con 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV y CUP, sumando el 79% de los representantes) y 26 en contra. El grupo socialista vota a favor de la norma tras un buen número de debates internos, al considerarla 'sincera y leal con el pueblo catalán'.
Seis días despúes, Artur Mas firma el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N y afirma que ese sábado, 29 de septiembre, 'se abre un camino que marcará un antes y un después en la historia de Catalunya'. Al estampar su firma en el decreto, Mas desencadena la reacción del Gobierno, que pone en marcha su maquinaria legal para detener la consulta.
Rajoy no espera un momento y el lunes siguiente reúne a sus ministros para presentar dos recursos contra el 9-N ante el Tribunal Constitucional. El alto tribunal, el más conservador de la democracia, tomó ejemplo, puso el turbo y ese mismo día suspendió cautelarmente la consulta.
El 13 de octubre y tras días de negociación, Mas informa a las fuerzas independentistas, de que no podrá hacer la consulta en los términos acordados previamente. Un día después, el president anuncia que llevará a cabo una consulta 'con locales abiertos, urnas y papeletas', que el TC vuelve a suspender cautelarmente el 4 de noviembre.
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