El juez Manuel García Castellón interroga este jueves como imputado al expresidente madrileño Ignacio González en la pieza del caso Púnica en la que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid mediante el desvío de fondos a través de contratos de publicidad y de reputación online.

González comparece después de que la semana pasada declarara, también como imputada, su sucesora Cristina Cifuentes en relación a la financiación irregular del PP madrileño y de que el viernes sea su predecesora, Esperanza Aguirre, la que tenga que dar explicaciones al respecto.

El expresidente madrileño, que presidió la Comunidad de Madrid de 2012 a 2016, está además imputado en el caso Lezo en el que se investigan irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II y por el que estuvo casi siete meses en prisión preventiva.

El juez cree que el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación.

El magistrado atribuye a Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones con ese fin, junto a los que fueran sus más estrechos colaboradores, Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, así como el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

González pidió "un millón de euros para sanear la caja B"

Al respecto recuerda que en una reunión de 2012 con representantes de ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad) y del Canal de Isabel II, González, pidió "un millón de euros para sanear la caja B" del PP, que "había quedado maltrecha tras la 'fastuosa' campaña" de 2011 y "para empezar a recaudar fondos" para la del 2015.

Según el auto de imputación, "el plan preconcebido, impulsado desde presidencia y vicepresidencia con el respaldo de otros consejeros (...), consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos" de diversas consejerías o de los entes públicos adscritos a ellas.

Uno de esos métodos fue presuntamente incluir una cláusula en el pliego de grandes contratos de obras de la Comunidad que obligaba a las adjudicatarias a destinar un 1 % del presupuesto a la empresa de publicidad Over Marketing para promocionarlas, si bien se cree que se trataba de una tapadera para una financiación encubierta.

En una reunión presidida por Aguirre en 2004 y a la que asistieron, entre otros, González y Granados, se dio instrucciones de adjudicar a la empresa Over Marketing la promoción publicitaria, supuestamente con el objeto de alimentar las arcas del PP a través de ese 1%.