La jueza del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, que investiga la fortuna oculta del expresident de Catalunya Jordi Pujol, no considera que deba inhibirse en favor de Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional quien investiga a su vez a Jordi Pujol Ferrusola pero no registra su casa ni toma medidas cautelares para amarrarlo al sumario: ninguna parte no se lo pidió.

'Si esta situación sigue así acabaremos como en el ‘caso Gürtel', con sumarios eternizados y una percepción social de que los culpables se están yendo de rositas'. Quien así se expresa es una alta fuente judicial, preocupada por el derrotero que está adquiriendo la trama de los Pujol en los juzgados.

La estrategia defensiva de los casos Pujol y de Gürtel es similar: los sumarios se mantienen distribuidos en distintos juzgados y sus abogados tratan de seguir una línea coordinada y encaminada a conseguir la nulidad o la absolución.

Las diversas querellas interpuestas contra miembros de la familia Pujol están desperdigadas por varios juzgados. Así, la querella presentada por Manos Limpias contra el expresident se tramita en un juzgado de Barcelona, el número 31 de Instrucción. De este caso se encarga Zita Hernández Larrañaga, una eficiente magistrada que actúa en comisión de servicios ya que la titular, Beatriz Balfagón, está de baja.

Los movimientos políticos Podemos, Guanyem y la Federación de Vecinos de Catalunya han impulsado su propia querella contra la familia Pujol al completo y sus personas de confianza, frente a los que quieren ejercer la acción popular. Esta querella fue interpuesta en la Audiencia Nacional pero todo apunta a que se acumulará en el Juzgado 31 de Barcelona por ser el primero que abrió un sumario sobre la herencia de Pujol. Estas organizaciones consideran que el caso debe ser instruido por Pablo Ruz al entender que los Pujol formaron una trama inseparable donde unos ejercían la política y otros, supuestamente, asesoraban y cobraban a las empresas adjudicatarias.

La magistrada Hernández Larrañaga sigue adelante con el caso y, por ahora, no tiene intención de inhibirse a favor del juzgado central de instrucción 5.

La jurisprudencia del Supremo permite agrupar en un proceso único diferentes casos abiertos por razones de eficacia y economía procesal cuando exista conexidad; esto es, cuando haya un nexo común entre ellos como puede ser la unidad de responsables o que los delitos se hayan cometido de forma simultánea, por ejemplo. Pero la acumulación no se considera obligada si supone un retraso inútil en la tramitación y no haya peligro de sentencias contradictorias.

El impulso de la investigación de los casos abiertos a los Pujol está en manos de la Fiscalía Anticorrupción dirigida por Antonio Salinas. Esta fiscalía especial ha sido clave en el impulso a la investigación de la corrupción en España, pero adopta en los últimos meses una posición criticada cuando se trata de poderosos, como ocurre con Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina de Borbón en el 'caso Nóos'.

En el caso de los Pujol, la Fiscalía Anticorrupción ha desplegado una estrategia contraria a agrupar todas las causas en un único procedimiento. Argumenta que, de hacerlo, se abriría una causa general contra la familia.

La propia actuación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de Jordi Pujol jr. está siendo muy cuestionada. Tras prestar declaración ante Ruz durante cinco horas el lunes 15 de septiembre, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado pidieron siquiera una medida cautelar frente a Jordi Pujol Ferrusola, a quien un informe policial le atribuye movimientos en cuentas en 15 países diferentes por valor de 32 millones de euros.

'Al menos podían haber pedido al juez una medida cautelar, como la retirada del pasaporte o la obligación de personarse en un juzgado, para amarrar a Pujol Ferrusola al sumario', se quejan en fuentes policiales.

Por si fuera poco, la fiscalía arguyó que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía no tenía suficiente consistencia documental, lo que ha desatado las protestas policiales: ellos siguen las intrucciones de fiscales y jueces y explican que no les corresponde el impulso de la investigación.

 Tampoco Ruz se salvó de las críticas, porque en este caso se muestra algo lento: aún no ha ordenado el registro de la casa de Jordi Pujol Ferrusola, a pesar de que ha sido solicitado por la Policía, según voz populi.

Por causas menos graves la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya habría solicitado medidas cautelares contra Jordi Pujol Ferrusola, quien podría escapar a un país como México, donde tiene muchos intereses, o difuminar su responsabilidad. Esta diferencia de criterios y esta sensación de que unos se meten en el terreno de otros crea una percepción externa de impunidad.

La Audiencia Nacional es un tribunal excepcional mantenido para luchar contra ETA y evitar la ‘contaminación' de un juez local o que sintieran menos fuerza para seguir adelante en la instrucción durante los años duros del plomo. Ahora, diversas voces defienden su mantenimiento para la lucha contra el terrorismo islamista, perseguir la delincuencia organizada de alto nivel y los casos de delincuencia económica y financiera de mayor gravedad e impacto en la economía.

El nuevo presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, es firme defensor de este tribunal especializado.

Sin embargo, la Fiscalía es tricéfala. Por un lado está la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por otro está la Fiscalía Antidroga y, por último, la Fiscalía Anticorrupción.

Así, hay 765 diligencias previas abiertas en 2013 en los seis juzgados centrales de instrucción que existen en la Audiencia Nacional. En 639 de ellas la acusación pública la lleva la Fiscalía de la Audiencia Nacional. De otras 87 se encarga la Fiscalía Antidroga y en 39 la acusación la dirige la Fiscalía Anticorrupción.

A medida que en la jornada del martes 16 de septiembre arreciaban las críticas, Anticorrupción optó por abrirse un poco y difundir a través de Efe que no creía la versión de Jordi Pujol a cuenta de que su fortuna proceda de una supuesta herencia de su padre, como aseguró. Ahora está a la espera de diversas comisiones rogatorias giradas a Andorra y Suiza. 

Mientras, los Pujol pasan a la ofensiva con la querella que han presentado contra los bancos andorranos Banca Privada de Andorra (BPA) y Andbanc por revelar su información bancaria. Son las entidades donde la familia ocultó el dinero a Hacienda durante 34 años.

La senda que apunta los casos abiertos sobre la familia Pujol es similar a la seguida con el escándalo de 'Gürtel': la atomización de la trama en distintos sumarios judiciales de distintos órganos judiciales.

Gürtel era una trama empresarial que actuaba de una forma similar en todas partes. Sin embargo, la atomización ha traído como resultado cinco años de instrucción sin culminar, mientras cunde la percepción de impunidad de los poderosos.

El Tribunal Supremo tiene establecida una jurisprudencia que ampara como técnica procesal el fraccionamiento en piezas separadas en aras a conseguir resultados a tiempo y centrar bien las responsabilidades de cada cual. Pero una cosa es fraccionar en piezas separadas, para lograr agilidad y eficacia, y otra bien distinta es que dicho fraccionamiento se lleve a cabo por distintos juzgados en distintas partes de España.

El 'caso Gürtel' fue descubierto en el año 2009 por Baltasar Garzón, entonces titular del juzgado central 5 de la Audiencia Nacional. Pero sufrió tal fraccionamiento que una parte recayó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que en 2011 lo mandó de vuelta a la Audiencia Nacional ya que los tres diputados regionales implicados dimitieron-, mientras que otra parte importante de la trama recayó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la que afectaba a los políticos valencianos, y que fue remitida por Garzón al encontrar indicios de responsabilidad penal en el entonces presidente Francisco Camps.

En la Audiencia Nacional se investigan los delitos cometidos en la contratación con el Gobierno central del PP, la comunidad autónoma y varios ayuntamientos gobernados por los populares. Pablo Ruz, eficiente y constante magistrado que sustituyó a Garzón en comisión de servicio y ahora a Miguel Carmona, recibió la parte de Madrid.

La causa tiene más de 100 imputados, contiene 183 comisiones rogatorias a 21 Estados y una prolija lista de incidentes de nulidad planteados por los abogados defensores que facilitan un proceso dilatado ene l tiempo.
El pasado julio, Ruz abrió una pieza separada para facilitar el enjuiciamiento de los seis primeros años de la trama (1999-2005), con 11 delitos. Para ello se basó en la jurisprudencia del Supremo sobre la necesidad de fraccionar en piezas separadas una causa con el fin de evitar dilaciones indebidas o convertir la causa en un macrojuicio inabarcable.

Al mismo tiempo, tiene abierto otro sumario sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y la contabilidad B del Partido Popular.

Las piezas abiertas en el TSJ de Valencia son las más avanzadas. Así, el TSJ valenciano ya tiene dos piezas listas para juicio (la número 3, sobre adjudicación de contratos de la consellería de Turismo en Fitur con una empresa de la trama, está pendiente de que el Supremo aclare si debe ser juzgada por la Audiencia de Valencia o por el TSJ, y la número 5, centrada en los 40 contratos con distintas consellerías de Valencia y ayuntamientos de Castellón y Alicante). A su vez, sigue en instrucción las piezas 1, 2 y 6, sobre la financiación de campañas electorales, al igual que la número 4 centrada en los contratos con motivo de la visita del PP Juan Pablo II a Valencia.

Por su parte, Ruz ya ha transmitido a las partes que está a punto de cerrar la investigación del caso Bárcenas.