La denuncia presentada por Santiago Pérez, uno de los denunciantes del caso Grúas, contra Fernando Clavijo y José Alberto Díaz sigue en pausa desde hace más de año y medio, motivo por el que se plantea tomar medidas contra la jueza de instrucción. El caso Reparos, conocido también como caso Prórrogas, se basa en la continuación de contratos de servicios públicos ya extinguidos levantando reparos de la Intervención General del Ayuntamiento. Un total de 123 decretos con levantamiento de reparos en contratos que sumarían un montante de 47 millones de euros. La denuncia se encuentra en fase de diligencias previas en el juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna y cuenta con tres ampliaciones.

¿Qué es el ‘caso Reparos’ o ‘caso Prórrogas’?

En enero de 2018 Santiago Pérez –concejal del partido Avante– presentó una denuncia en los juzgados de La Laguna (Tenerife) tras detectar que entre 2015 y 2017 se habían dictado 48 decretos levantando reparos de la Intervención General del Ayuntamiento en contratos de servicios básicos del Ayuntamiento en los que había caducado el contrato y la prórroga. En todos ellos el interventor municipal realizó advertencias de ilegalidad.

La denuncia señala que las empresas encargadas de prestar el servicio seguían desarrollando el trabajo una vez finalizado el contrato y la prórroga, es decir, sin convocarse concurso. Por este motivo el interventor municipal advirtió de una posible vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público en cada uno de los decretos. Pérez añade en la denuncia que “en algunos casos la Intervención emite hasta dos informes reiterando sus reparos (propuesta de acto o resolución) que han permitido a algunas empresas continuar gestionando determinados servicios municipales, una vez extinguidos los contratos, hasta 36 meses por encima de lo legalmente establecido”. Pérez resalta en la denuncia los motivos que da el interventor municipal para realizar advertencias de ilegalidad, que advierte que “muchas de esas propuestas de prórrogas no han sido formuladas por los funcionarios competentes sino por los concejales del área; que no se ha cuantificado su coste o incluso que se les ha dado a esas prórrogas un carácter retroactivo para intentar justificar el mantenimiento de la adjudicación”, por lo que el interventor señala que “la retroactividad es un acto excepcional y en esta actuación se utiliza de manera general”.

Tras la denuncia, el concejal de Avante realizó en junio de 2018 una primera ampliación, en la que se explica que se trata de una práctica detectada en tres trimestres de 2017 por lo que, tras solicitar información de los ejercicios 2013 y 2014, consideró oportuno realizar una ampliación desde 2013 al 2017. En esta primera ampliación se destaca que "se trataba de un total de 24 contratos y convenios con empresas y otras Administraciones Públicas, que suponían un coste de 18.134.406,2 euros a las arcas municipales" en el plazo aproximado de dos años, añadiendo que la suma de decretos en los que se había levantado reparos con advertencia de posible ilegalidad por parte del interventor habían pasado de ser 48 a 123. De la misma forma se señala que "el monto total que suponen para las arcas municipales los levantamientos por Decreto (123) de los reparos de legalidad formulados por la Intervención General es de 47,42 millones de euros".

Según consta en la denuncia, de esos 123 reparos, 46 fueron dictados por Fernando Clavijo y 17 por José Alberto Díaz durante sus etapas como alcaldes, ambos de Coalición Canaria. Los decretos fueron firmados por la alcaldía de La Laguna, por la Junta de Gobierno y por la Presidencia del Organismo autónomo de Deportes de La Laguna. Santiago Pérez explica que el resto de los decretos con levantamiento de reparos fueron dictados por “alcaldes accidentales”.

En 17 de los 24 casos, los responsables fueron Fernando Clavijo o José Alberto Díaz. Foto cedida por DIARIO DE AVISOS.

El contrato con Urbaser, vencido desde octubre de 2018

En la segunda ampliación de la denuncia se expone uno de los casos más llamativos, según el propio denunciante. Es el caso de la empresa de recogida de residuos Urbaser S.A a la que se autoriza a dar continuidad al servicio desde noviembre de 2018 a abril de 2019 por un total de 1.316.062,25 euros mensuales “de los que 511.290,18 euros corresponden a la Recogida y tratamiento de Residuos y 804.772, 07 euros a la Limpieza Viaria”.

Según consta en la ampliación de la denuncia, el contrato a Urbaser se adjudicó por un acuerdo de Pleno en 2008 por un plazo de 8 años. Se le autorizaron 2 prórrogas, por lo que el contrato venció en octubre de 2018. El denunciante expone que “la autorización a Urbaser S.A, sin título jurídico alguno, para continuar gestionando el servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato, se ha efectuado por el mismo precio y condiciones establecidos en el contrato inicial, sin justificación alguna al respecto". En dicha ampliación se destaca que en el Pliego de Condiciones del contrato inicial se contempla que, una vez finalizado el contrato, todos los vehículos, maquinarias y equipos pasarían a ser del Ayuntamiento.

Por lo tanto, “la autorización a Urbaser para que continúe gestionando el Servicio en idénticas condiciones y precio que los fijados en el contrato originario y ya extinguido pasa por alto que desde el 30 de octubre de 2018 todos los vehículos, maquinaria, equipo y herramientas con los que se presta un Servicio especialmente intensivo en la utilización de bienes de equipos que son propiedad del Ayuntamiento, por lo que, Urbaser sigue gestionando sin aportar equipo alguno pero facturando al Ayuntamiento los 1.316.062,25 euros mensuales” como si la flota “continuará siendo aportada por la empresa”.

Entre las empresas señaladas en la tercera ampliación se encuentran: Eulen Servicios Sociosanitarios S.A, Servisa Servicios Sociales S.L, Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales S.L, Procedimiento de Aseo Urbano PAU S.A, UTE Interjardín S.L, Tegalpa S.A y Clece S.A. En esta última ampliación se solicita que la jueza cite a declarar en calidad de testigo al Interventor municipal.

Posibles delitos de prevaricación y malversación

Tras la tercera ampliación de la denuncia inicial, el pasado mes de junio el concejal envió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que se persone en la causa, ya que entiende que los delitos que denuncia entran dentro de sus competencias, ya que considera que pueden existir delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La Fiscalía, liderada por María Farnés, ya está personada en el caso Grúas, instrucción en la que están investigados Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño (este último, también concejal de Coalición Canaria en el momento de los hechos).

Ahora, Santiago Pérez –que también fue denunciante del caso Las Teresitas– se plantea tomar medidas contra la jueza de instrucción número 4 de La Laguna por no llevar a cabo las medidas oportunas en la causa: “Estamos estudiando tomar medidas. Cuando presentamos el escrito a Anticorrupción nos dijeron que lo tenía sobre la mesa para proveer. El siguiente paso será desde una denuncia por faltas, hasta presentar una querella por retraso malicioso en la Administración de Justicia”, explica Pérez.

Ni el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ni el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, han querido hacer declaraciones a Público sobre este asunto.