El 'caso Pegasus' evidencia la necesidad de impulsar leyes pendientes en el Congreso para la regeneración democrática

El caso Pegasus ha puesto una vez más de manifiesto la existencia de brechas en el sistema democrático del Estado español. Tras darse a conocer el espionaje masivo a 65 dirigentes y activistas relacionados con el independentismo a través del programa israelí, un escándalo que también ha afectado a miembros del Ejecutivo, como a Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, tanto los socios parlamentarios del Gobierno como el resto de partidos con personas espiadas han exigido explicaciones, transparencia y responsabilidades políticas.

Pese a los intentos de la titular de Defensa de desligar el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, del caso Pegasus, esta acción promovida este martes por el Consejo de Ministros se produce en medio de la tormenta política fruto del escándalo de espionaje, del que se cumplen tres semanas, y tras la comparecencia de Esteban en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. 

De esta cita parlamentaria trascendió que 18 personas de las 65 contabilizadas por Citizen Lab fueron espiadas por el CNI con autorización judicial, incluido el president de la Generalitat, Pere Aragonès, mientras que la directora del servicio de inteligencia se desvinculó del resto de espiados, lo que elevó la preocupación de las diferentes fuerzas parlamentarias que sostienen al Gobierno en el Congreso, disparando incluso las tensiones.

"Más allá de la asunción de responsabilidades, hay que reconocer que se ha llegado tarde a la regeneración democrática del Estado, una tarea pendiente que revela el escándalo de Pegasus. Lo importante para que esta crisis no se cierre en falso es que se establezcan garantías de que no vuelva a pasar nunca más en España", señaló este martes el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tras conocerse el cese de la máxima autoridad del servicio de inteligencia.

Esta visión, compartida y reiterada por los grupos que conforman la mayoría de la legislatura, como ERC, EH Bildu, PNV, Más País o Compromís, evidencia la necesidad de impulsar reformas legislativas pospuestas por el Gobierno de coalición que aún no se han acometido en los más de dos años de legislatura, unas medidas que van en la dirección de avanzar en términos democráticos y de transparencia. 

Tal como recordó Echenique, una de ellas y que de hecho está entre los planes del Gobierno para que salga adelante antes de verano es la reforma de la ley mordaza. La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el PNV en varias ocasiones, está pendiente de recibir por fin un último empujón, quedando a la espera de resolver las discrepancias entre el Gobierno y sus socios en los aspectos más lesivos de la misma.

Esto es, la prohibición de reuniones y manifestaciones cuando se considere que se perturbe la seguridad ciudadana, las sanciones, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, el uso de material antidisturbios o la asunción de la veracidad de los testimonios de la Policía.

Otra norma vigente que choca de lleno con el objetivo de estas fuerzas de dotar de transparencia toda acción emprendida por el Estado es la ley de secretos oficiales. La ley promulgada por el dictador Francisco Franco hace 53 años todavía no ha sido actualizada a pesar de que el PNV lo ha reclamado en el Congreso hasta en cuatro ocasiones desde 2016, una petición a la que se han sumado la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos los que componen el Gobierno de coalición.

Aun estando sobre la mesa también en esta legislatura una proposición de ley en este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió tomar las riendas y elaborar su propia norma. Tras pasar a la hibernación al desaparecer de la planificación normativa para el segundo tramo de 2021, el Gobierno volvió a incluirla en el PAN para este año aprobado en enero, aunque esta vez bajo la designación de Ley de Información Clasificada y con un cambio de proponente.

Mientras tanto, su vigencia ha servido de escudo al Gobierno para no aportar los documentos clasificados ni dar las explicaciones suficientes solicitadas por los partidos independentistas en relación al caso Pegasus, lo cual ha motivado la petición de los grupos para que se desclasifiquen, por lo pronto vía Consejo de Ministros, las autorizaciones judiciales de espionaje. Asimismo, Más País ha registrado este miércoles una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a modificar dicha norma en un plazo "no superior a tres meses".

También, Unidas Podemos llamó a su socio de Gobierno a desbloquear en el Congreso su propuesta para eliminar los llamados delitos de opinión: las calumnias e injurias a la Corona (artículos 490 y 491 del Código Penal); el ultraje a España y a sus símbolos (artículo 543); el delito contra los sentimientos religiosos (artículo 525); y el enaltecimiento del terrorismo (artículo 578). En esencia, derogar delitos que tienen difícil encaje legal en un pleno Estado democrático, tal como llevan recordando desde hace años la ONU y el Consejo de Europa.

En esta línea, ERC recuerda que el impulso de estas normas que hacen falta para "fortalecer la democracia" están en manos del Gobierno: "El resultado de la negociación dependerá del PSOE y Unidas Podemos. Si no salen será por el contenido, no por otra razón", sostienen fuentes del grupo republicano, cuya confianza en el Ejecutivo está bajo mínimos tras la eclosión del espionaje político.

Fuentes parlamentarias del PNV añaden que este escándalo puede requerir incluso la reforma de otras leyes, por lo que se abren a modificar "aquella legislación que se considere conveniente en aras de avanzar en términos democráticos y de transparencia", apostillan.

Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, apunta que, ante un "momento crítico de la legislatura donde vemos que el sistema democrático puede estar en peligro", tanto el Gobierno como la mayoría que lo sustenta "debería hacer un esfuerzo importante por impulsar leyes que garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos". "No es momento de parar ni retroceder, sino de avanzar y tener una pulsión democrática que garantice nuestro derechos", remacha en unas declaraciones a este medio.