El caso de Julia y Encarna, dos hermanas obligadas a vivir en residencias diferentes, llega al Constitucional tras el veto del PP

Julia y Encarna Garijo Casal, dos hermanas de 94 y 83 años respectivamente, decidieron vivir juntas los últimos años de su vida en una residencia de Matamala de Almazán (Soria). La mayor se rompió la cadera y dejó Madrid para mudarse al centro en el que se encontraba su hermana pequeña. Sin embargo, la convivencia duró poco. Julia regresó a la capital al enterarse de que Encarna perdería su pensión no contributiva de jubilación (380 euros mensuales) porque al vivir juntas en la misma residencia, los ingresos de las dos (Julia recibe una pensión de viudedad) superaban los ingresos mínimos exigidos.

Esta dantesca situación se produce a raíz de la interpretación restrictiva de la Ley de Pensiones que hizo el Gobierno de Castilla y León, que considera que las dos ancianas viven en el mismo domicilio, es decir, que forman parte de una misma unidad familiar y, por lo tanto, no pueden percibir más de 8.900 euros anuales entre las dos.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy vetó una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) para evitar este tipo de situaciones y el PSOE anunció este martes que recurrirá el bloqueo al Tribunal Constitucional ante lo que consideran "una falta de sensibilidad total con el Parlamento, pero sobre todo de gravedad con aquellas personas que reciben pensiones no contributivas en situación de desamparo".

La propuesta del PSOE trataba precisamente de evitar que la convivencia de familiares en segundo (hermano) o tercer grado de consanguinidad (tío o sobrino) en un centro asistido o residencia para mayores pudiera considerarse una "unidad económica" y, por tanto, ambos familiares pudieran cobrar su pensión no contributiva. 

El Gobierno justificó su veto a la propuesta socialista con el ya tradicional argumento del incremento presupuestario que supondría la medida —con este mantra ha boqueado ya 43 leyes en lo que llevamos de legislatura— y añadió que la ley de pensiones no contributivas, al condicionarlas a los recursos familiares, intenta acabar con los casos de sobreprotección social".

La portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Margarita Robles, ha tachado de "inadmisibles" ambas justificaciones. "Este veto demuestra la utilización carente de proporcionalidad y razonabilidad que está haciendo el Ejecutivo de una facultad que la Constitución contempla para evitar que se desequilibre el presupuesto en vigor, pero no para impedir arbitrariamente la facultad de iniciativa legislativa de las Cortes", sentenció Robles. El PSOE, que argumenta que su proposición de ley trata de evitar "efectos no deseados por el legislador", espera que el Constitucional "permita finalmente que el Parlamento pueda desarrollar su actividad legislativa".