El 4 de noviembre de 2016 el caso de los ERE fraudulentos dio un giro imprevisto que pilló por sorpresa al Gobierno andaluz y a toda la cúpula del PSOE-A. El escrito de apertura de juicio oral del juez incluía un nuevo delito contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra los otros 20 ex altos cargos ya imputados en la causa: asociación ilícita, penado con de dos a 10 años de cárcel. Había sido el PP, un mes antes, quien introdujo por sorpresa este nuevo delito en la instrucción en su condición de acusación particular, una decisión dura porque implicaba prisión para Chaves, cuando ni siquiera la Fiscalía le había imputado un delito de malversación de fondos, también castigado con la cárcel (sí lo hizo para Griñán).

Los acusados no creyeron entonces que el juez fuera a hacer suya la petición del PP, dando por válida la posibilidad de que los expresidentes y la cúpula del Gobierno andaluz actuaron como una organización compleja y coordinada para delinquir durante un periodo prolongado de tiempo, que es lo que significa el delito de asociación ilícita. Como lo fue la trama Gürtel, por ejemplo, que implicó a gran parte del Gobierno valenciano del PP.

Pero el juez aceptó la propuesta del PP y al hacerlo amplió las penas de prisión a todos los acusados. Hasta entonces, sólo se enfrentaban a esa posibilidad 15 de los 22, los imputados por un delito de malversación, que se enfrentaban a seis u ocho años de prisión. La petición del PP elevó la condena total a 184 años de prisión para todos acusados, además de una multa de 32.000 euros por cabeza y una inhabilitación absoluta de 12 años. “Podíamos haber ido más lejos, pero la justicia no se consigue con el ensañamiento”, dijo en su día la número dos del PP andaluz, Dolores López, al presentar el escrito de acusación en la sede del partido.

La quinta jornada del juicio por la pieza política del caso ERE ha servido para que las defensas, una tras otra, soliciten al tribunal de la Audiencia de Sevilla que se retire el delito de asociación ilícita propuesto por la acusación del PP. Los abogados defensores, empezando por el de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el del extitular de Presidencia Gaspar Zarrías, han lanzado un duro alegato contra los populares, a quienes han acusado de “intentar politizar este juicio, algo que el tribunal no va a permitir”.

La petición de un delito de asociación ilícita es “sorpresiva”, “raquítica” y “absurda”, dicen las defensas, no sólo porque es una solicitud “extemporánea”, “extraprocesal” y “extrajurídica” que el PP introdujo a última hora, y por tanto no había sido investigada en ningún momento de la instrucción previa, sino porque infiere una especie de conspiración de todo un Gobierno autonómico para delinquir con los fondos para ayudas sociolaborales. Una insinuación “grave”, dicen las defensas, toda vez que ninguno de los imputados está acusado de haberse enriquecido ilícitamente con dinero público.

El PP presentó la petición de asociación ilícita el último día que tenía de plazo antes de que la rama política del caso ERE fuera remitida a la Audiencia de Sevilla. “En el seno de la Junta de Andalucía se perpetuó la actividad delictiva objeto de esta acusación durante más de 10 años, de manera concertada por todos los encausados, estableciendo un régimen para el otorgamiento y concesión de subvenciones a empresas caracterizado por la absoluta arbitrariedad en su distribución, disponiendo de los fondos públicos en beneficio de terceros de forma absolutamente libérrima y caprichosa”, decía su escrito de acusación.

“Esta petición no se sostiene, como tampoco la citación de algunos testigos planteados” por el PP, dijo el abogado de Zarrías, en referencia a la petición que hizo ayer la acusación para que vayan a declarar la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios y la senadora socialista y exconsejera de la Presidencia Mar Moreno.

La Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones -PP y el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias- coinciden al señalar a la excúpula del Gobierno andaluz de crear un procedimiento específico para sortear los controles de la Intervención General para agilizar el pago de ayudas millonarias a empresas en crisis. El Ministerio Público cifra el fraude de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2010 en unos 742 millones de euros.