ZARAGOZA.- El caso del Jamón, en el que un juez de Teruel investiga una serie de presuntas corruptelas e irregularidades económicas en la denominación de origen de ese producto, ha provocado un nuevo episodio de hipertensión política que está tensando las relaciones entre el PSOE, que gobierna la comunidad con un ejecutivo en minoría en el que participa Cha, y Podemos, su principal apoyo parlamentario.

El partido morado pide a los socialistas el cese inmediato de Antonio Arrufat, expresidente de la Diputación Provincial de Teruel con el PSOE y actual delegado del Gobierno de Aragón en esa provincia, tras haber sido imputado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.

El magistrado, que ha encartado por los mismos delitos a petición de la Fiscalía a Arrufat y al exdiputado por el PAR y alcalde de Alfambra, Francisco Abril, ha citado a declarar al primero el próximo lunes y al segundo el jueves. Quiere interrogarlos acerca de la concesión de unas subvenciones por valor de 68.000 euros que la Diputación concedió en 2010 y 2011 a la denominación de origen pese a que la Intervención había mostrado sus reparos por no considerarlas debidamente justificadas. Arrufat ordenó el pago tras haberlo aprobado por unanimidad el pleno.

“Cada minuto que pasa afecta a la credibilidad”

La imputación del delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, que es a la vez secretario de organización del PSOE en esa provincia y responsable de campaña de las próximas elecciones generales, ha abierto un nuevo foco de tensión entre Podemos y el PSOE.

Arrufat está imputado como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.

“Cada minuto que pasa sin que el presidente [del ejecutivo autonómico, Javier Lambán] le suspenda hipoteca la credibilidad de su Gobierno”, señaló el líder de Podemos, Pablo Echenique, quien añadió que el cese “mejoraría la gobernabilidad y revitalizaría la vida política aragonesa” y facilitaría que “que los diputados y diputadas de mi grupo y los demás grupos podamos contribuir a la gobernabilidad desde una relación de confianza mutua”.

El consejero de Presidencia de Lambán, Vicente Guillén, calificó esa petición de “injusticia” antes de conocer en qué condición sale Arrufat del juzgado, apeló a la “paciencia” y pidió “tranquilidad”. En la causa hay 17 imputados, aunque el instructor ha levantado los cargos a otras nueve personas, entre ellos varios funcionarios de la Diputación de Teruel. Fuentes del ejecutivo autonómico confirmaron que Lambán no tomará ninguna decisión antes de que Arrufat declare, y apuntaron que su equipo no es partidario de ordenar ceses antes de que se produzca la apertura del juicio oral.

Podemos y PSOE discrepan sobre si la situación procesal de Arrufat entra en el “compromiso ético” que ambas formaciones incluyeron en el decálogo que garantizó el apoyo de los catorce diputados del partido morado a la investidura de Lambán. Este es su texto: “Ninguna persona a la que se le haya abierto juicio oral por casos relacionados con la corrupción y/o clientelismo político podrá desempeñar un puesto de libre designación en ninguno de los niveles de la escala de la administración pública aragonesa, incluyendo la comarcal. En caso de imputación en el desempeño del cargo, será suspendido inmediatamente de sus funciones. De aplicación inmediata”. Podemos considera que encaja de lleno en el segundo apartado, mientras que el PSOE estima lo contrario.

La sombra del saqueo de la empresa pública Plaza

Las relaciones entre el principal partido del Gobierno y su socio de referencia tienen otro factor de propensión a la hipertensión en el caso Saqueo de Plaza, cuyas diligencias cerró hace unos días el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez. El juez incluyó entre los imputados por un presunto latrocinio de 150 millones de euros -que la Administración autonómica no detectó en su día- a Carlos Esco, exviceconsejero de Obras Públicas y estrecho colaborador del expresidente Marcelino Iglesias, hoy senador autonómico.

Echenique sugirió al PSOE que le pida el acta a Iglesias por sus “responsabilidades políticas” en ese asunto.

Echenique sugirió al PSOE que le pida el acta a Iglesias por sus “responsabilidades políticas” en ese asunto. Si “tenemos a la mano derecha del senador Iglesias imputado por gravísimos delitos y aquí no pasa nada -dijo-, la ciudadanía se pregunta en qué han cambiado exactamente ustedes y nosotros nos preguntamos por qué tenemos que confiar en su palabra”. “Aún están a tiempo de controlar daños y demostrar al menos una mínima voluntad de cambio”, añadió.

Guillén, por el contrario, apeló a las conclusiones de la comisión de investigación de las Cortes de Aragón que estudió el caso, cuyo dictamen, aprobado por unanimidad, no detectó que nadie tuviera responsabilidades políticas. Sin embargo, en un pintoresco episodio parlamentario, todos los grupos presentaron votos particulares. Y la mayoría de la cámara sí se las atribuyó a varios consejeros y altos cargos de los gobiernos de Iglesias y José Ángel Biel.