Los partidos de derecha y extrema derecha siguen enrocados en una serie de excusas y justificaciones para no cambiar su posición sobre el franquismo. El "espíritu de la Transición sigue siendo el argumento más usado, algo que suele ser también repetido por el PSOE en algunas ocasiones pese a algunos avances en memoria histórica logrados en los últimos años. Desde el Partido Popular (PP) han criticado duramente la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno y han asegurado que derogarán todas las leyes relacionadas con la memoria histórica que ha impulsado la izquierda.

Una de las últimas argumentaciones dadas por el líder de los populares, Pablo Casado, tiene que ver con que, según su punto de vista, la memoria democrática va en contra de la Unión Europea (UE). El dirigente del PP ignora algunas de las recomendaciones europeas, que van en sentido contrario a sus posturas. 

Casado hizo este alegato la semana pasada en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. Fue en un acto junto a uno de los "padres" de la Constitución de 1978, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y el exalcalde socialista de A Coruña, Francisco Vázquez. Era una charla sobre los "valores constitucionales". Hacia el final de la misma, el líder popular defendió un discurso claramente "europeísta" y criticó a quienes ponen en duda la pertenencia de España a la UE, en una referencia velada a Vox, que tienen posiciones más euroescépticas. 

El presidente nacional del PP defendió que "se puede establecer un vínculo entre la Constitución y la UE". Y a partir de esa frase vino el ataque al Gobierno, sin mencionarlo, a colación de la memoria histórica y democrática. "Cualquier ataque a ese espíritu es un ataque directo al europeísmo. Dicho de otra forma, la denominada Memoria Democrática no es solo un intento de arrojar sombras sobre nuestra democracia, es también un intento de cuestionar el fundamento del proyecto europeo mismo, que es la reconciliación y la concordia entre europeos. Con las actitudes y las intenciones que laten en esta iniciativa, la UE no existiría hoy. Y sin ella, España no tendría futuro", concluyó. 

Para sostener la visión de los populares, Casado no puso ningún ejemplo concreto de lo que defienden las instituciones europeas. En el PP siempre suelen evitar posicionamientos directos y claros. Junto a Vox y Cs se abstuvieron por ejemplo, en el decreto que aprobaba la exhumación de Franco. Y han evitado en numerosas ocasiones condenar en el Congreso al franquismo, con el argumento de que ya lo hicieron en 2002. Además, acusan a la izquierda de sacar el "comodín Franco" para no hablar de otros asuntos. 

Hay varios ejemplos de las instituciones de la UE que no van en sintonía con ese pensamiento transmitido por Casado el lunes. En el año 2006, el Consejo de Europa condenó expresamente el franquismo. El PP no participó en la declaración por no formar parte de la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria de este organismo, aunque sus eurodiputados dijeron estar a favor. Esta institución europea instaba al Ejecutivo español a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo, a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo.

Ese mismo año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena masiva al franquismo que iba en la misma línea. El representante del PP en aquel debate, Jaime Mayor Oreja, evitó condenar al franquismo y se limitó a ensalzar la Transición. El exdirigente popular dijo poco después que el franquismo fue una etapa de "placidez".

Más reciente es una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en 2016 basada en un informe sobre los Derechos Humanos, denominado como "informe Nagy".  Obtuvo una mayoría amplia, con 456 votos a favor, 138 en contra y 104 abstenciones. Los populares europeos votaron a favor. En palabras, por ejemplo, de Antonio López-Istúriz White, eurodiputado del PP,  "la UE tiene un compromiso determinante con el respeto y promoción de los derechos fundamentales". "El respeto de éstos es una de las condiciones para adherirse a la Unión", señaló en esos momentos. 

En su apartado 63, señala lo siguiente, haciendo referencia expresa al concepto "memoria democrática": "Considera imprescindible que todos los Estados miembros colaboren con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios; pide a los Estados miembros que prevean la formación necesaria para los profesionales de la justicia en este ámbito; pide a la Comisión Europea que realice una evaluación objetiva de la situación de estos procesos con vistas a promover la Memoria Democrática en todos los Estados miembros; alerta de que el incumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre memoria democrática y de los principios de jurisdicción universal vulnera principios básicos del Estado de Derecho". 

La Fundación Francisco Franco y los populares

Dos años después, en 2018, los populares también votaron a favor de otra resolución que toca alguno de los temas más polémicos en cuestiones de memoria cuando se tratan en nuestro país. Se trata de los símbolos franquistas o de la posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco. En el texto aprobado hay referencias expresas al caso español y califican a la mencionada Fundación como "entidad que glorifica una dictadura y sus crímenes". 

La izquierda europea se unió en su momento para impulsar la resolución que condenara a la extrema derecha. Y salió adelante gracias al consenso llegado con los conservadores y liberales, que pidieron para sumarse al mismo que no se hiciera mención a ninguna fundación concreta en su parte resolutiva, pese a la mención en el preámbulo del caso español. Es decir, el PP en la práctica votó a favor de ilegalizar esta organización y los símbolos de la dictadura. 

Curiosamente, meses antes los populares habían evitado en el Senado votar a favor de una moción del PSOE para impulsar la ilegalización de esta organización franquista. Poco después, además, como publicó este medio, se descubrió la correspondencia entre esta fundación y el PP respecto a la exhumación de Franco. La propia Fundación pidió expresamente este verano ayuda a PP y Vox para que impidieran la Ley de Memoria Democrática que pretende impulsar el Gobierno. Hace unas semanas, tras publicarse la participación de Casado en una misa franquista en Granada, según el PP por error, la Fundación "agradeció" la presencia del líder popular en la misma. Desde el partido esquivaron el asunto y lo calificaron como anecdótico. 

También el año pasado, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, abroncó, en este caso al eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, por su postura sobre el franquismo y la Guerra Civil. El mandatario europeo acusó al ultraderechistas de "falsificar la historia" porque el Gobierno republicano fue "legítimo, constitucional y democráticamente elegido" y derrocado después por un Golpe de Estado. 

El rechazo de las derechas a cualquier avance en materia de memoria histórica es reiterado. Casado suele usar argumentos como que las leyes de la izquierda sirven solo para "desenterrar rencores", "abrir las cicatrices, enfrentarnos y solo para sacar un rédito electoral que es inmoral". El "espíritu europeo" al que apeló la pasada semana Casado no parece ir en esa misma línea.