Tal como era su obligación, Casa Real ha facilitado a Hacienda la información relativa a los pagos realizados al rey emérito desde su abdicación en junio de 2014 hasta la retirada de su asignación oficial en marzo de 2020 en el marco de la inspección que la Agencia Tributaria está realizado a raíz de las dos regularizaciones fiscales realizadas por Don Juan Carlos.

La entrega de esta información, que es pública puesto que las asignaciones percibidas por la Casa Real figuran en los Presupuestos Generales del Estado, es un mero procedimiento administrativo lógico cuando lo que los inspectores de Hacienda quieren aclarar es la procedencia del dinero del rey emérito.

Así pues, en este caso, Casa Real figura como la entidad pagadora de Juan Carlos I, quien estuvo percibiendo una asignación anual desde que dejó el trono hasta que Felipe VI se la retiró en marzo de 2020. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que el rey emérito cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales" para amasar su fortuna, según ha adelantado el diario El Mundo. Durante el mes de agosto, Público ya había revelado en exclusiva que el rey emérito había cobrado varias comisiones.

En dicha comisión rogatoria, la Fiscalía señala que dispone de "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita" y apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

Investigaciones al rey emérito

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo unas diligencias de investigación en torno al rey emérito por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda --en teoría la última-- el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Precisamente, en su comisión rogatoria del 24 de febrero la Fiscalía solicita a la Oficina Federal de Justicia de Suiza que le remita la información de todas las cuentas en el país entre los ejercicios 2016 y 2019 de la Fundación Zagatka, entidad que pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito.

Desde esta fundación se habrían abonado gastos del antiguo monarca hasta 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.

En marzo de 2020, Casa Real desveló que el rey y la Princesa de Asturias procedieron a una declaración ante notario el 12 de abril de 2019 en la que renunciaban a cualquier herencia que pudiera legarles Juan Carlos I, tras conocer que ambos figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum, creada en 2008 por el entonces monarca para ocultar la donación de 100 millones de dólares que le habría hecho Arabia Saudí.

Además, Zarzuela aclaró que el rey Felipe desconocía "por completo" que fuera beneficiario de la Fundación Zagatka. En dicho comunicado se incluyó un mensaje de Don Juan Carlos, aclarando que este en ningún momento "facilitó información" sobre las dos fundaciones a su hijo.