Canarias reconocerá este miércoles el 'robo de bebés' como "crimen contra la humanidad" ante 100 víctimas
Defensa de las víctimas sobre intereses 'oportunistas'
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MADRID.- Más de un centenar de afectados por los 'casos de bebés robados' asistirán este miércoles a la sesión plenaria en la que el Parlamento de Canarias prevé aprobar con la unanimidad de todos los grupos una iniciativa que les reconoce como víctimas de un crimen contra la humanidad y exige al Gobierno de Mariano Rajoy la creación de una base nacional de datos genéticos y la repetición de las pruebas de ADN.
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La proposición parlamentaria, recogida por Europa Press, reconoce por primera vez las desapariciones infantiles y la compra-venta de seres humanos como crímenes contra la humanidad, al tiempo que emplaza al Gobierno central a poner en marcha una "unidad policial de búsqueda de bebés robados", siguiendo la experiencia de Argentina desde los años 80.
La Cámara autonómica dará luz verde a la resolución que recuerda que el 30 de agosto se conmemora a nivel internacional la 'Memoria de las Víctimas de Desaparición Forzada'
Los grupos del Parlamento canario se han unido para presentar una proposición no de ley para que se reconozca el robo de bebés como un crimen contra la humanidad y en la que exigen al Gobierno central la creación de una base nacional de datos genéticos y la repetición de las pruebas de ADN, fuera del "negocio" de ningún laboratorio genético privado.
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Defensa de las víctimas sobre intereses 'oportunistas'
Reclama el acceso de las víctimas y los investigadores a los archivos eclesiásticos, clínicos y administrativos, así como la creación de una Comisión Nacional Española por el Derecho a la Identidad (CONEDI) con el fin de esclarecer las desapariciones infantiles, siguiendo así el modelo puesto en marcha en Argentina a mediados de los años 80.
Las fuerzas políticas instan al Gobierno central a impulsar la regulación de una base nacional de datos de titularidad pública
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Las fuerzas políticas instan al Gobierno central a impulsar la regulación de una base nacional de datos de titularidad pública, que garantice la protección de la información "personalísima" de los afectados, fuera del "negocio" de ningún laboratorio genético privado; se repitan "desde cero" todas las pruebas de ADN, al margen del "negocio" de los laboratorios privados.