Cambios en los estatutos de Podemos Teresa Rodríguez encarga un informe sobre la crisis por los nuevos estatutos de Podemos

La ejecutiva de Podemos Andalucía se reunirá el próximo lunes para debatir la crisis desatada en los últimos días entre la dirección federal y el comité de garantías estatal -órgano que ejerce de tribunal para asuntos internos del partido-, tras los polémicos cambios en los estatutos de la formación morada.

A la agrupación que lidera Teresa Rodríguez, igual que a otras cinco federaciones de Podemos, no le ha gustado nada que la ejecutiva de Pablo Iglesias haya modificado la normativa interna del partido, introduciendo medidas que ni fueron votadas en la última Asamblea Ciudadana Estatal (Vistalegre II) ni han sido ratificadas por las bases.

Pero más “estupor e indignación” ha causado que la ejecutiva federal haya abierto expediente disciplinario a la presidenta del comité de garantías, Olga Jiménez, después de que dicho órgano anulara los nuevos estatutos arguyendo falta de consenso. “Si quiere aspirar a ser un partido de mayorías, Podemos tiene que aprender a convivir con diferentes órganos en este trayecto, y para ello debe respetar el dictamen de la comisión de garantías y dialogar con ella de otra forma”, advierten fuentes de la dirección andaluza.

Antes de avanzar de forma oficial sus discrepancias con Iglesias, Teresa Rodríguez ha encargado un informe sobre lo sucedido a la secretaria del comité de garantías de Podemos Andalucía, Susana Carrera, que se hará público el próximo lunes, y que será debatido por todos los miembros de la dirección regional. Aunque la postura no es definitiva, fuentes de la dirección andaluza reconocen que la transposición de los documentos aprobados en Vistalegre 2 a los estatutos de Podemos “no se ha hecho de forma transparente”, y advierten de que las modificaciones introducidas por la ejecutiva federal en el último momento “no se adaptan a los criterios acordados en la última Asamblea Ciudadana”.

Con esta tesis, la agrupación que lidera Teresa Rodríguez podría convertirse en la sexta federación de Podemos que se rebela contra Pablo Iglesias y se alinea con la decisión que adoptó la presidenta del comité de garantías. Jiménez está formalmente apartada de sus funciones, pero aún así, ha convocado este jueves en Madrid a sus homólogos en todas las comunidades a una reunión del tribunal interno de Podemos.

Al encuentro, que muchos leen como un pulso a Iglesias, prevén acudir muchas de las regiones críticas con los cambios estatutarios. Susana Carrera, en nombre de la agrupación andaluza, ha confirmado a Público que acudirá a esta convocatoria, "igual que a la del pasado lunes y a todas las reuniones a las que se les ha llamado".

Rebelión contra Iglesias

A finales del pasado julio, la ejecutiva federal introdujo modificaciones en los estatutos de Podemos, incluido el endurecimiento del régimen disciplinario, que incluye duras sanciones para aquellos miembros del partido que filtren a la prensa informaciones comprometidas.

El comité de garantías estatal, presidido por la abogada laboralista Olga Jiménez, anuló posteriormente esas modificaciones en un dictamen controvertido que fue contestado por otros tres miembros del órgano judicial de Podemos.

El comité de garantías está formado por cinco titulares y cinco suplentes, y la polémica estriba en si los suplentes tenían derecho a vetar el dictamen que tumbó los nuevos estatutos. Iglesias se alineó con los críticos y abrió expediente disciplinario a la presidenta del comité de garantías, que ha quedado apartada de sus funciones.

El pulso entre la dirección estatal y el tribunal interno de Podemos ha terminado ramificando en otros territorios, dado que cinco federaciones -Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra y La Rioja- se han rebelado contra la decisión de Iglesias de modificar los estatutos y de expedientar y apartar de su puesto a Jiménez.

Todas ellas, y parece que Andalucía apunta en esa línea, defienden la independencia de la presidenta del comité de garantías para dirimir asuntos internos de partido. Su intención es que la ejecutiva estatal rectifique y restituya los viejos estatutos o, al menos, que someta a discusión y votación las últimas modificaciones.