Cabify ha denunciado a Podemos por haber "dañado gravemente su honor". En la denuncia, a la que ha tenido acceso a Público, aparecen como demandados el partido morado, la portavoz del Grupo Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero; el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafael Mayoral; el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero y el senador de En Comú Podem, Óscar Guardingo. 

En la demanda de conciliación que ha presentado Cabify, la empresa denuncia que el partido "ha atentado contra su honor" desde su "puesto de cargo público", a través de las redes sociales y en los medios de comunicación "de forma reiterada". Con esto, hacen referencia a "acusaciones" de Podemos a Cabify de "no tributar en España". 

Cabify ya había amenazado a Podemos con denunciarle por las declaraciones que habían realizado varios dirigentes contra la empresa. En la demanda, aportan como pruebas varios tuits del partido, así como artículos de prensa, entre los que se encuentra una columna de Público de Juan Carlos Monedero: Uber o Cabify o atracarnos a nosotros mismos. 

Entre las declaraciones que denuncian se encuentran varios tuits que lanzaron para apoyar a la huelga de los taxis contra estas empresas. "El sector del #taxi se moviliza hoy contra la competencia desleal de Uber y Cabify, empresas que no tributan en España", defendió el partido morado. 

Cabify asegura en su demanda que "ha intentado (de buena fe) contactar reiteradamente con los principales implicados" para solicitar la "pertinente rectificación de las acusaciones realizadas" y "hacer saber a sus autores la falsedad de las mismas". 

Sin embargo, fuentes de Podemos explican a Público que el partido no se retracta y que la demanda es fruto de "la utilización de mecanismos judiciales para amenazar e intimidar con acciones legales en contra de quienes critican su actuación". En este sentido, Rafael Mayoral, que ha sido uno de los dirigentes que ha estado más visible en la defensa de los taxis también ha sostenido que con esto la empresa pretende "ponerle la mordaza a un partido por apoyar a un colectivo social y por apoyar una huelga".

El conflicto entre las compañías de VTC, especialmente Uber y Cabify, y el taxi llevan en primera plana política varios meses. Este mayo, el Congreso ratificó un real decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy que elevaba a rango de ley la relación 1-30 entre las licencias VTC y las de taxi. Un decreto que no sólo ha sido respaldado por Podemos, también por el PP, PSOE, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Ciudadanos y Foro se abstuvieron.

De hecho, tampoco ha sido el partido morado la única organización que han apoyado a los taxis, ya que sindicatos como CCOO y UGT también se posicionaron a favor.

La demanda ha sido presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid y fue registrada el pasado 31 de mayo a través de la filial de la compañía Maxi Mobility Spain. Solicita un acto de conciliación que se celebrará el próximo viernes 22 de junio y en el que comparecerán todos los demandantes.