ESTRASBURGO.- La comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, ha confirmado que la suspensión de fondos estructurales a España "no tendría un impacto a corto plazo en absoluto" sobre la aplicación de los programas europeos hasta 2020 y "solo si el país no adopta ninguna medida".

"Si suspendemos una parte de los compromisos de 2017 esto afectará únicamente a finales de 2020, pero solo si el país no adopta ninguna medida para cumplir", ha afirmado Cretu en una audiencia pública en el Parlamento Europeo (PE), el primer paso del diálogo entre ambas instituciones antes de que el Ejecutivo tome una decisión.

El PE debe posicionarse sobre la posible suspensión de fondos estructurales a España por incumplir el déficit, un procedimiento inédito en la UE que presenta muchas incógnitas y que podría suponer la congelación de hasta un 20 % de los compromisos de 2017.

"La posible suspensión de los fondos no es una sanción, (...) forma parte de unas medidas más amplias y vinculadas a las recomendaciones especificas al país", ha afirmado Cretu.

Recordó que se trata de una medida contemplada en el procedimiento de déficit excesivo abierto a España y Portugal, una vez que ambos países se libraron de una multa el pasado julio.

En el caso de España, esto podría suponer la congelación de hasta un 20 % de los compromisos de 2017.

Según Cretu, se trataría de "una medida temporal" que podría no llegar a materializarse si ambos países cumplen las condiciones acordadas con la CE.

"La CE retirará esa suspensión en cuanto los países se ajusten a los criterios que están establecidos en la legislación", ha añadido, en referencia al umbral del 3 % al que España debe reducir su déficit en los próximos dos años.

Cretu también aseguró que "las condiciones económicas y sociales se van a tener en cuenta", en particular el empleo, lo que también puede llevar a la CE a "priorizar" si suspende unos u otros programas.

La suspensión de compromisos presupuestarios -el importe máximo de pagos a los que se puede comprometer la Unión Europea en un periodo- podría suponer una reducción de la financiación de programas de empleo, agrícolas y regionales, entre otros.

"Habría que hacer elecciones difíciles, con una justificación sólida de por qué algunos programas se consideran más importantes que otros", ha precisado.

Por su parte, el vicepresidente de la CE para Empleo, Jyrki Katainen, garantizó que "no se perderá ni un céntimo si los países cumplen con las normas".

"Todo está en manos de los Estados miembros y una vez que hagan lo que han prometido, no se perderá ni un céntimo", ha dicho.

España tiene hasta el 15 de octubre para presentar un nuevo proyecto presupuestario para 2017, pero el bloqueo político y la incertidumbre sobre la formación de un nuevo Gobierno genera dudas sobre la posibilidad de que el país cumpla con ese plazo.

Katainen afirmó que "la CE tiene la obligación legal de actuar" y que "no es una cuestión de deseo político".

La CE no ha dado por el momento más pistas sobre la decisión que va a tomar. Cretu anunciado que, por el momento, los países tienen "dinero que gastar".

"Si hay una pequeña parte que se suspende, aun así habría fondos remanentes", ha concluido.