Ya no sólo hay que salvar al soldado Fernández Díaz; ahora es también preciso diluir la comisión de investigación del Congreso en un océano de documentos intrascendentes y testimonios irrelevantes para que la brigada política del exministro del Interior no salga a la luz y permanezca sumergida en las turbias aguas de las cloacas del Estado.

Esa es la inconfesable maniobra política, según ha podido averiguar Público, que se está urdiendo entre las bambalinas de las Cortes, con el PP pidiendo ayuda a sus socios de legislatura –Ciudadanos y PSOE, los que hicieron con sus votos o abstenciones que Mariano Rajoy repitiera mandato– para desactivar las pesquisas parlamentarias sobre las cloacas de Interior.

La estrategia de obstrucción de la investigación diseñada por el PP tiene varias vertientes, y la más importante es la confección del listado de solicitudes de comparecencias que hoy martes tiene que decidirse a puerta cerrada en lo que se ha dado en llamar Comisión de investigación sobre la utilización partidista en el ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines políticos.

Ni el PP, ni el PSOE ni Ciudadanos han presentado en sus propuestas de "Plan de Trabajo" la relación de las comparecencias que desean llevar ante la comisión –como sí han hecho Podemos y PDeCat–, pero C's sí ha limitado en su plan el número de personas que se llamarán a declarar: un total de 15. Ciudadanos también ha fijado el reparto (en función del cupo proporcional) de esos 15 citados a comparecer entre los diversos grupos parlamentarios que componen la comisión: el PP podrá citar a 6, el PSOE a 4, Podemos a 3 y los otros cuatro (C's, ERC, PNV y Mixto) a 1 cada uno. Algo aritméticamente imposible, puesto que no suman 15, sino 17 comparecencias (como se puede ver en el documento adjunto al final de esta información).

Porque C's sostiene que no hay que citar a declarar a ningún policía ni expolicía –¡para investigar una trama formada en la cúpula de la Policía!–, sino exclusivamente a políticos. A las preguntas de Público sobre los motivos de esa aparente incongruencia, Miguel Gutiérrez, portavoz de la comisión de investigación por Ciudadanos, argumenta: "Entendemos que lo que se pretende es depurar responsabilidades políticas. Es cierto que podrá haber gente que podrá aportar información… y por eso se solicitan informes a los respectivos ministerios, Fiscalía y demás instituciones. Y nuestro criterio es que en este caso basta con las declaraciones de los políticos".

Gutiérrez reconoce que, de todo el Cuerpo Nacional de Policía, Ciudadanos sólo pedirá la comparecencia del ex director general, Ignacio Cosidó, a pesar de que es el mando que más alejado estuvo de la brigada política policial desvelada por Público al difundir las grabaciones al ministro del Interior que ahora se investigarán. Pero justifica con dificultades que su partido llamase a declarar a un alto cargo policial en activo –y no ya jubilados como sería en este caso– a la comisión parlamentaria que investiga en la Asamblea de Madrid el caso del espionaje interno entre altos dirigentes del PP (a Enrique Barón, comisario general de Información y número 3 del Cuerpo), mientras que ahora se opone a que comparezcan los policías que precisamente son sospechosos de haber efectuado las grabaciones que se investigan.

El portavoz de C's sostiene que "lo que trata de dilucidar esta comisión es si se dieron órdenes desde un Ministerio (...) si ha habido instrucciones políticas para utilizar con fines partidistas las fuentes, los activos, del Ministerio del Interior para investigar a políticos, a partidos políticos". Pero su táctica es solicitar un océano de documentos imposible de examinar en los tres meses previstos "como máximo" para los trabajos de la comisión.

También asegura no haberse enterado hasta ahora mismo de las amenazas a los miembros de la comisión proferidas por el excomisario José Manuel Villarejo –que Público reveló, aportando la prueba incontrovertible del audio con su propia voz– y se limita a considerarlas "fuera de lugar" y opinar: "No creo que ninguno de los miembros, de los diputados, nos vayamos a sentir constreñidos en nuestra acción por ninguna de las amenazas más o menos veladas de ningún funcionario o exfuncionario".

Además, según diversas fuentes parlamentarias consultadas por este diario, PP y PSOE ya han pactado oponerse en principio a la comparecencia en la comisión de cualquier policía, a pesar de que no cabe duda de que las grabaciones en el despacho del ministro del Interior fueron efectuadas por algún comisario o inspector-jefe. Público le ha preguntado directamente al portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, si han llegado a ese acuerdo con el PP, pero todavía no ha recibido respuesta.

Si el PSOE se opone a que comparezcan policías ante la comisión –empezando por el excomisario que ha amenazado a sus miembros–, estará contradiciendo sus propios objetivos expuestos cuando solicitó su creación. En el punto 4 del capítulo sobre el "objeto" de la comisión, los diputados socialistas que la solicitaron exponían un objetivo claro: "Determinar la participación en estas actividades de señalados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, convertidos al efecto en una verdadera "Policía política" inadmisible en un Estado de Derecho".

Fragmento de la solicitud de creación de la comisión de investigación sobre "la utilización partidista del Ministerio del Interior", presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la argumentación del portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Trevín, es que “ésta no va a ser una comisión de investigación sobre la policía española, sino sobre una estrategia policial partidista organizada por responsables políticos”. Una vez más, se trata de justificar que no se convoque a declarar ante la comisión de investigación ni a los policías sospechosos de haber grabado al ministro ni a los "señalados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" que formaron parte de esa "Policía política inadmisible en un Estado de Derecho".

En ese caso ¿cómo se va a "determinar el origen de los recursos utilizados", cuando los que manejan a discreción los fondos reservados son altos mandos policiales? ¿Cómo se va a evaluar las consecuencias en la eficacia y coordinación de los cuerpos de seguridad sin interrogar a los responsables de esos cuerpos?

En cuanto al Partido Popular, no es de extrañar que todo su plan de trabajo consista en solicitar exclusivamente los textos de media docena de decretos, autos e informes elaborados por el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior precisamente para negar cualquier irregularidad en la actuación del exministro Fernández Díaz y distraer la atención sobre la brigada política con la cortina de humo de que lo único importante es que se le grabara en su despacho oficial y luego fuera filtrado su contenido.

La Fiscalía del Supremo incluso hizo un dictamen aduciendo que las palabras del ministro –conspirando contra políticos y partidos, y ordenando investigaciones prospectivas con recursos públicos– no eran irregulares... sembrando el temor de que esas actividades sean lo normal en el Ejecutivo del PP. Pero, además, luego el Alto Tribunal dijo no poder pronunciarse al carecer de las grabaciones íntegras –pese a que habían sido entregadas mucho antes por Público a la Fiscalía General del Estado–. Entonces, ¿sobre qué había dictaminado el fiscal del Supremo?

Aunque la última vuelta de tuerca para impedir que los responsables de toda esta trama tengan que responder a la comisión de investigación del Congreso está en la propia regulación de las comparecencias. El PP pretende que se rijan por las mismas normas que en la comisión sobre el 11-M: una exposición de 15 minutos del declarante, un turno único con las preguntas de todos los grupos, una tras otra y sin réplica, y una respuesta final del compareciente en la que podrá contestar a las que le dé la gana, puesto que ya no se podrá repreguntar.

Por supuesto, otros grupos parlamentarias reclaman que las reglas de las comparecencias sean como en los casos de Gescartera o del espionaje interno del PP madrileño, la última comisión parlamentaria, en la Asamblea de Madrid. Pero si Ciudadanos y PSOE apoyan una nueva farsa como la del 11-M, los altos dirigentes y mandos policiales que han participado en la brigada política se acabarán yendo de rositas.

Quizá tenga razón Villarejo y algunos partidos tienen mucho miedo de que ese excomisario vaya al Congreso a dar explicaciones.