Era el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional –máximo cargo uniformado del cuerpo–, pero Eugenio Pino y su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago, transmitían sus correos electrónicos a través del mail pantalla de un funcionario de la Unidad de Asuntos Internos, que utilizaba el nombre clave de "Lionel" y la discreta cuenta [email protected]. Porque estaban cerrando una operación fuera de la ley: la compra opaca y con fondos reservados de Sprinter e InterApp, diseñados por el Grupo Rayzone israelí para "que las agencias de inteligencia y policiales intercepten y graben llamadas de voz y mensajes de texto". Lo que después se llamó Pegasus.

Era el año 2014, actuaban bajo instrucciones directas del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y pretendían utilizar esa alta tecnología israelí para que la brigada política del comisario José Manuel Villarejo espiase a los políticos soberanistas catalanes en lo que acabaría llamándose Operación Cataluña. Intenciones que quedan claras en uno de los e-mails obtenidos en noviembre de 2017 por Público y que explicaba a los técnicos israelíes:

"Para pasar el material de forma segura, se ha de utilizar el aeropuerto de Madrid y después llevar el material a Barcelona. El hotel en Barcelona, sin problemas. Solamente nos tenéis que decir cuantas personas vienen y cuantos días así como las fechas."

En aquella época, el comisario-jefe de Barajas era Carlos Salamanca, socio y cómplice de Villarejo e imputado ahora con él en el caso Tándem, quien controlaba todos los mecanismos de seguridad aduaneros de ese aeropuerto y los utilizaba para cometer delitos como facilitar la entrada irregular de inmigrantes.

En ese mismo correo queda claro que la operación de compra de los sistemas secretos de grabación ya ha sido cerrada, porque especifica que se abonarán los tres pagos acordados para pagar los equipos en las siguientes reuniones de los días 3, 6 y 15 de septiembre de 2014. El mes anterior se han efectuado las pruebas de campo en España de esos sistemas de espionaje telefónico, como demuestra la siguiente carta –con membrete, sello oficial y firma del DAO Eugenio Pino–, a la que ha tenido acceso Público:

Esta "Letter of Invitation", escrita en inglés, lleva fecha del 31 de julio de 2014 y propone la del 11 de agosto de ese año como primer encuentro "de arranque" para lo que denomina "Field Test" del "InterApp system, a Smartphone Apps solution system" que es el precursor de los "sistemas troyanos para dispositivos móviles" con los que espiar sus "archivos, fotos, navegación web, emails, geolocalización, conversaciones de Skype y otros datos".
En la carta, Eugenio Pino explica a su interlocutor en Tel Aviv, Matan Caspy, que "la prueba de campo se prolongará un mínimo de diez días laborables y se llevará a cabo por los equipos técnicos y operativos pertinentes".
​"El objetivo de este encuentro es familiarizarnos con sus capacidades tecnológicas y con sus servicios".

Resulta que el interlocutor de Pino, Matan Caspy, es propietario del 20% del Grupo Rayzone Ltd. y tuvo que declarar después como testigo en EEUU (vivió varios años en California) porque era socio del empresario estadounidense Elliott Broidy –bajo investigación federal por utilizar su amistad con el presidente Donald Trump, cuya campaña electoral financió, para violar las leyes que rigen los lobbies–, quien participó en la primera venta ilegal a un país extranjero del software de espionaje Pegasus de la empresa israelí NSO, en el año 2015, tal como descubrió el pasado febrero la compañía israelí Catcalist tras una larga batalla en los tribunales.

De hecho, Caspy empezó a comerciar con los sistemas de espionaje informático de la NSO en 2010, cuando ésta era una pequeña empresa en ascenso, y viajó a Los Ángeles para vender esos productos en EEUU. Después, en 2015, con su socio Eran Reshef, vendieron la NSO a un magnate de otro país –cuya identidad los tribunales mantienen oculta– que facilitó el Pegasus a un Gobierno extranjero "conocido como gran comprador de ciberproductos defensivos y ofensivos", según la sentencia judicial norteamericana.

Es decir, el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional española bajo el Ministerio del Interior de Fernández Díaz utilizó como suministrador de los programas de espionaje que se emplearon contra políticos catalanes al mismo empresario israelí que en aquellos años violaba las leyes internacionales para suministrar ese software de ciberguerra a países bajo embargo estratégico.

Y Eugenio Pino realizó esa operación sin conocimiento ni autorización judicial –como es preceptivo para sistemas de interceptación de comunicaciones privadas protegidas por la Constitución, que las salvaguarda como un derecho fundamental–, porque la transacción no ha quedado registrada en la Dirección Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, como debería ser si se hubiera seguido el procedimiento administrativo correspondiente. 

Un típica operación de las cloacas de Interior, cuyas operaciones no han sido investigadas por los tribunales españoles a pesar de que sendas investigaciones del Congreso de los Diputados y del Parlament de Catalunya dictaminaron que el ministro Fernández Díaz malversó fondos públicos y empleó ilegalmente recursos policiales del Ejecutivo para espiar y desprestigiar a partidos y personas que eran rivales políticos del Partido Popular o del Gobierno de Mariano Rajoy.

Preguntado por Público, el diputado de Esquerra Republicana y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall –cuyo móvil fue hackeado con el software Pegasus, igual que el del presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent– ha manifestado a este diario:

"No puedo demostrarlo, pero creo que las escuchas vienen de mucho antes, de cuando era conseller de Exteriores [de la Generalitat]. Aunque sale a la luz en el periodo de abril-mayo de 2019, porque es cuando CitizenLab hace la investigación y lo descubre".

No cabe duda de que el espionaje de políticos catalanes desde Interior comenzó mucho antes. En 2015.