El Salón de Plenos del Tribunal Supremo acoge este miércoles la apertura del nuevo curso judicial 2022-2023 con la presencia del rey Felipe VI, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la ausencia por covid-19 del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es la cuarta ceremonia que se celebra con el órgano de gobierno de los jueces en funciones y, en esta ocasión, marcada por las negociaciones para consensuar los nombres de los dos magistrados que el Consejo debe designar al Tribunal Constitucional. Una decisión para la que están llamados este mismo jueves.

Otros 365 días han pasado y los partidos aún no han alcanzado un acuerdo que permita renovar el CGPJ. A la polémica de un Consejo caducado se suma el mandato expirado de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que corresponde renovar a partes iguales --con dos cada uno-- al Gobierno y al órgano de gobierno de los jueces.

Lesmes, que fue nombrado presidente del CGPJ en 2013, abrirá el nuevo curso judicial con críticas --ya se verá si más o menos veladas-- a la iniciativa del Gobierno para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de que el CGPJ pueda hacer sus nombramientos para el Tribunal Constitucional estando en funciones, situación en la que lleva más de tres años y medio, pero manteniendo la prohibición de que los haga en la cúpula judicial.

Esta limitación, con la que el Gobierno de Pedro Sánchez quiso poner fin al rosario de nombramientos de tendencia conservadora en los máximos puestos de la carrera judicial que efectuó Lesmes, está sumiendo al Supremo en graves problemas, con alto riesgo de colapso, por no poder cubrirse las vacantes por jubilación o fallecimiento de los magistrados; hasta el punto es grave la situación que las Salas del Supremo están dictando mil sentencias menos al año, según el Alto Tribunal.

La falta de entendimiento entre los dos principales partidos políticos (PSOE y PP) para renovar el Consejo General del Poder Judicial amenaza, pues, con marcar un año judicial cargado de tareas pendientes para los diferentes tribunales. 

Para empezar, el Supremo abrirá el curso con la sentencia más esperada del año. Pese a que el alto tribunal ya avanzó el fallo que confirma la condena de 6 años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, y de 9 de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE, hay interés por conocer el contenido de la sentencia y de los dos votos particulares anunciados.

Esto es así porque dos magistradas abogaron por estimar parcialmente el recurso de Griñán, a quien, a su juicio, se tendría que haber absuelto del delito continuado de malversación, revocando así su condena a prisión, que el expresidente pretende esquivar solicitando el indulto al Gobierno, de su mismo color político. Su familia ha alegado razones de "humanidad y equidad" para solicitarlo.

Las causas derivadas del procés

Si se cumplen los plazos legales, su indulto se resolverá a escasos meses de las elecciones generales, una circunstancia que planeará sobre este asunto, pero antes el Supremo zanjará los indultos de los condenados por el procés, que podría comportar la vuelta de los líderes independentistas a prisión si el alto tribunal revoca la medida de gracia del Ejecutivo, tras el cambio de mayoría en la Sala que en su momento los avaló.

Del procés colea también la causa contra la exdiputada catalana Anna Gabriel, que comparece el 14 de septiembre tras casi cuatro años huida; y ante todo el conjunto de decisiones pendientes contra el expresident Carles Puigdemont en la justicia europea, a la que no quita ojo el instructor del Supremo, Pablo Llarena, a la espera de que cualquier movimiento acerque más al político fugado a rendir cuentas ante la justicia española, que lo reclama.

El Constitucional y la agenda social de Sánchez

La carpeta del procés sí parece cerrada en el Constitucional, cuya agenda marcará el paso del curso político, pues tiene pendiente los recursos planteados por los partidos de derechas contra las leyes más sociales de Sánchez, como la eutanasia, la ley Celáa y el Ingreso Mínimo Vital, con el expediente del aborto en el horizonte sin fecha para resolverlo -lleva 12 años en el cajón-, más aun cuando este año habrá cambio de presidencia.

Esto será así siempre y cuando los vocales conservadores del CGPJ no bloqueen la elección de los dos magistrados que le corresponden antes del 13 de septiembre, que junto a los dos nombrados por el Gobierno, propiciarán un cambio de mayorías en el tribunal, en favor de los progresistas tras años de mayoría conservadora.

Otros asuntos de calado a resolver por el Constitucional son las fórmulas de acatamiento de varios diputados en esta legislatura, la ley de la Infancia, los recursos contra la reforma que limitó los nombramientos del CGPJ, y la posible devolución de su escaño al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.

La 'Kitchen' y el futuro de tres expresidentes madrileños

Por su parte, la Audiencia Nacional ha arrancado el año judicial con las cloacas del Estado, retomando el juicio contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien confirmó que asistirá a la vista oral tras pasar un examen médico por orden del tribunal después de que alegase en junio que había sufrido un accidente cerebrovascular. Villarejo se enfrenta a 80 años de cárcel por el caso Tándem.

El tribunal también investiga el caso Pegasus, sobre los pinchazos a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, como la titular de Defensa, Margarita Robles, o el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El juez José Calama tendrá que resolver si se produjeron posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado.

Entre tanto, el juez Manuel García Castellón seguirá buceando en los numerosos encargos que se investigan en este procedimiento, como Kitchen, una presunta trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, donde están procesados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su exnúmero dos Francisco Martínez.

El magistrado debe decidir si incorpora los audios que salieron a la luz en mayo de conversaciones entre Villarejo y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que quedó fuera de la investigación.

Y no será la única decisión que adopte este mismo juez respecto a ex altos cargos del Partido Popular. Encima de su mesa tiene desde julio el informe de la Fiscalía que pide sacar a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González de la rama del caso Púnica sobre la presunta financiación irregular del partido regional. Y ya en enero tiene previsto juzgar al expresidente valenciano Francisco Camps por el caso Gürtel.

El empeño especial del juez Castellón por abrir causas judiciales contra Podemos le ha hecho abrir un procedimiento contra el cofundador de la formación, Juan Carlos Monedero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. El magistrado investiga unas supuestas transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba, por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana de los Publos de Nuestra América (ALBA). Monedero ha recurrido la decisión de investigarle.

El Villa de Pitanxo, ETA, el Popular o el 'caso Emperador'

Otras causas pendientes que la Audiencia Nacional tendrá que ir resolviendo son la tragedia del hundimiento del Villa de Pitanxo en aguas canadienses y que se saldó con nueve muertos y once desaparecidos. También, las investigaciones a exjefes de ETA por atentados de la banda o la causa que investiga a los dos últimos equipos directivos del Banco Popular por presuntos delitos societarios.  

En clave más mediática, el juez Ismael Moreno todavía tiene que resolver el caso Titella, que investiga al productor José Luis Moreno por delitos como estafa u organización criminal. El magistrado prorrogó en febrero la investigación otros seis meses y sumó 77 imputados más.

Además, sigue pendiente el juicio por la llamada operación Emperador, la supuesta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. En la causa hay imputadas 105 personas, entre ellas el actor porno Nacho Vidal. Y queda por resolver la causa por una macroestafa con criptomonedas, en la que el acusado principal, Javier Biosca, está en libertad bajo fianza de un millón de euros.