Carolina Bescansa ha dado un paso este miércoles para abrir el debate sobre la reforma constitucional en su partido. En un mensaje difundido a través de su canal de Telegram, la diputada de Unidos Podemos ha compartido una propuesta que, a su entender, podría ayudar a resolver "una parte importante de los problemas de la estructura territorial de España", aludiendo así a Catalunya.

En el desarrollo de esta propuesta, Bescansa concreta los complicados requisitos, las bases y plazos que regirían un hipotético referéndum de autodeterminación, como el que su partido pide convocar en Catalunya -y sobre el que Podemos especifica que debe ser pactado y con garantías-. La idea de que esta consulta debe ser pactada no aparece en el texto elaborado por la diputada, dado a conocer a última hora de la tarde de este miércoles.

En un momento en que PP y PSOE abordan su propia reforma constitucional en el Congreso de los Diputados, ninguna de las fuerzas políticas del arco parlamentario ha querido desvelar todas sus cartas, y por tanto todavía no hay muchos detalles concretos sobre las propuestas de reforma de la Carta Magna que hoy están sobre la mesa.

Grosso modo, el planteamiento de reforma de Bescansa se vertebra sobre tres patas o ideas fuerza: transformar el Senado "en una cámara de representación territorial con competencia exclusiva" en materia de distribución de recursos para la financiación autonómica, "el cálculo del cupo y los fondos de compensación interterritorial", como primer eje, y la "delimitación y estrechamiento de las competencias del poder ejecutivo frente al resto de poderes" y frente a las administraciones autonómicas y locales, como segunda pata.

Esto incluiría restar al Gobierno el poder de requerir al Senado la aplicación del Artículo 155 - para darle esta potestad al Congreso-, así como impedirle que intervenga administraciones con superávit -como recientemente ha hecho  el Ministerio de Hacienda con el Ayuntamiento de Madrid. Además, supondría establecer la elección directa del presidente del Gobierno "a través de sufragio universal a dos vueltas en circunscripción estatal única", y darle al jefe del Ejecutivo "el mando supremo de las Fuerzas Armadas", hoy en manos del rey.

En última instancia, Bescansa aboga por la "renovación democrática de la legitimad del marco constitucional español" y el pronunciamiento en referéndum al respecto "del conjunto del pueblo español" y de "los pueblos, regiones, comunidades, países y naciones que conforman España".

En la nota remitida a través de su canal de mensajería, la diputada explica que este miércoles ha presentado estas propuestas "ante el conjunto de las estructuras organizativas de Podemos y sus inscritas e inscritos". En el mismo mensaje, Bescansa aclara que estos planteamientos surgen del "extenso debate" que, a lo largo de 2016, sostuvieron entre un equipo de "expertos constitucionalistas, economistas y juristas", en el marco de los trabajos de la Secretaría de Programa y Proceso Constituyente, de la que fue responsable hasta febrero de 2017, cuando se celebró el congreso de Vistalegre II. Por el momento, la dirección de Podemos no ha dado respuesta a los planteamientos de Bescansa, que recientemente criticó el discurso del partido sobre Catalunya, algo que no fue bien acogido por la dirección de Pablo Iglesias.

"Cuando nacimos, quisimos convertir el debate de ideas en el ADN de nuestra organización. Este documento camina en esa dirección, apostando por ensanchar el debate dentro de Podemos y animando a la puesta en pie de un gran foro de diálogo ciudadano sobre el imprescindible cambio constitucional", apunta el texto.

Aterrizando el referéndum

El documento que rubrica Bescansa incluye la propuesta más concreta que, hasta la fecha, haya formulado una destacada figura del partido morado. El texto especifica que, si tras la celebración del referéndum sobre el cambio constitucional, "algún ente federado rechazase el nuevo texto", el Gobierno de esa "región, comunidad, país o nación" debería proceder a convocar nuevas elecciones.

Transcurrido un plazo máximo de seis meses tras la formación de un nuevo Gobierno, el Parlamento en cuestión debería someter a votación una propuesta de consulta vinculante, que saldría adelante con un 55% de los respaldos. Y aquí es donde se preguntaría a los habitantes de este territorio por su voluntad de participar en un nuevo referéndum "en el que ejercer el derecho a decidir la plena integración en el Estado o la creación de un nuevo marco jurídico independiente".

Así, y con el requisito de contar con un 55% de apoyos, el pleno convocaría una consulta para aclarar si efectivamente este referéndum contaría con el apoyo mayoritario de la ciudadanía de ese territorio. Superado este procedimiento, la  consulta se celebraría en los 100 días posteriores a su aprobación en el parlamento, y estaría organizada por una comisión mixta de diputados y senadores. 

De obtener luz verde la convocatoria de un referéndum, se procedería a la constitución de una nueva comisión parlamentaria mixta para organizarlo, esta vez en un plazo de entre 8 y  12 meses tras la primera consulta.

Llegados a este punto, si la mayoría de los electores "aprobase la construcción de un nuevo marco jurídico independiente del español", se disolvería el parlamento territorial y se convocarían elecciones en un plazo de entre 70 y 140 días. La nueva cámara debería respaldar la decisión adoptada con una mayoría de 3/5; en caso contrario se procedería a la convocatoria de un nuevo referéndum en un plazo de entre 8 y 18 meses.