El extesorero del PP Luis Bárcenas ha reconocido en la Audiencia Nacional que fue alertado de la financiación irregular del PP de Valencia por Ricardo Costa, ex secretario de esta formación en dicha comunidad autónoma.

De esta manera, Bárcenas ha confirmado la versión aportada por Ricardo Costa el pasado 26 de enero en el juicio sobre la Caja B del PP valenciano. “Se lo dije a Lapuerta” ha explicado al juez José María Vázque Honrrubia a preguntas de la Fiscalía en relación a que transmitió esta irregularidad a su jefe, el entonces tesorero Álvaro Lapuerta, contra quien se ha archivado todo delito por “demencia sobrevenida”.

Ricardo Costa “me planteó su preocupación por una instrucción de Víctor Campos, vicepresidente económico y desde mi punto de vista responsable económico y tesorero de facto del partido”, ha asegurado Luis Bárcenas que ha comparecido como testigo.

Bárcenas ha desvinculado la financiación del PP nacional con la supuesta Caja B del PP de Valencia. Su respuesta a Costa fue que eso estaba “teminantemente prohibido” y le recordó “experiencias pasadas” que afectaban al PP y “sobre todo al PSOE”.

El extesorero ha afirmado que esas eran las directrices del PP nacional y del propio Lapuerta, que no pudo asistir a la reunión, y que así se lo trasladó a Costa.
Pero no se informaba al secretario general de estas cuestiones, porque el tesorero “tenía autonomía plena”, según ha destacado: “Él sabía lo que tenía que hacer”.

De esta manera, Bárcenas intenta salvar a la dirección nacional del PP de la financiación con dinero negro confesada por Costa, a pesar de que la trama Gürtel organizó el congreso nacional de 2008 en Valencia.

Versiones contradictorias

Bárcenas ha asegurado como testigo este martes que el PP nacional decidió no contratar con las empresas de Gürtel en el año 2004, y que así se circuló a todas las delegaciones para que no trabajaran con las empresas de Francisco Correa.

A preguntas de la fiscal, Myriam Segura, ha proclamado que “Valencia parece ser que siguió trabajando con ellos de forma autónoma sin autorización de la sede central”. Ahora bien, en la primera pieza del caso Gürtel, Luis Bárcenas admitió el pasado enero que conocía que el grupo de Correa organizó el congreso del 2008.

En el XVI Congreso Nacional del PP salió elegido Mariano Rajoy como presidente del partido. Fue organizado en buena parte por Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en Valencia -facturó 100.000 euros en B-, aunque el montaje del escenario fue adjudicado a una firma presidida por Elena Sánchez, esposa del Juan Costa, hermano de Ricardo Costa y exministro de Ciencia y Tecnología.

“Es cierto que el PP se financió con dinero negro”, admitió Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, en este juicio donde se dilucida la existencia de esta caja paralela que habría financiado gastos electorales en los comicios municipales y autonómicas de 2007 y los generales de 2008.

Este dinero oculto fue utilizado para pagar a la empresa Orange Market que organizó comidas, mítines y reuniones en ambas campañas. Es más, nueve empresarios han confesado que pagaron facturas falsas a esta empresa de Gürtel para financiar gastos del PP.

Bárcenas ha dicho desconocer lo que hizo Lapuerta con la información de Costa: “Yo imagino que llamaría, pero no tengo ni idea con quién habló. Parece que al final no se cumplieron” las directrices del PP nacional. En la versión de Costa, Bárcenas le dijo que la financiación irregular de las campañas era “una práctica prohibida en el PP nacional y sería una Filesa 2”.

El extesorero del PP Luis Bárcenas, rodeados de periodistas tras declarar como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio a la rama valenciana de Gürtel. EFE/Juan Carlos Hidalgo

El extesorero también ha explicado su versión sobre cómo se financiaban las campañas electorales. Él administró la campaña de 2007, mientras que su sucesor, Cristóbal Páez -también citado a declarar como testigo-, se encargó de la de 2008.

Bárcenas ha asegurado que el PP tenía un presupuesto previo de los actos electorales que se incorporaban al presupuesto nacional y que el gerente estaba obligado a controlar este gasto electoral. La sede nacional remitía unos fondos a las provinciales para la organización.

Recibían “exclusivamente” las justificaciones y los comprobantes de los donativos. Existía un manual de campaña en el que figuraban "muy claramente" esas indicaciones de que no estaba permitido aportar "fondos propios".

En las campañas autonómicas, cada delegación provincial se encargaba de contratar sus actos, salvo si participaba el candidato a presidente del Gobierno en cuyo caso lo controlaba la sede nacional. Además, una parte de la contratación se hacía de forma generalizada para reducir costes.