El Gobierno de la Comunidad de Madrid regará con más de un millón de euros a 15 residencias de ancianos privadas que fueron intervenidas durante la primera ola de la pandemia. Mientras que numerosos familiares de los casi 6.000 mayores que murieron en estos centros en lo más duro de la emergencia sanitaria luchan en los tribunales para que se depuren responsabilidades, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trata de evitarse nuevos frentes judiciales indemnizanado a las empresas encargadas de la gestión de los geriátricos.

Los hechos sucedieron cuando el Ministerio de Sanidad dio poderes especiales a las comunidades autónomas para intervenir las residencias, independientemente de su titularidad. Fue entonces cuando la Comunidad de Madrid trasladó a ciertos usuarios de centro y, en algunos casos, incluso cambió a los gestores encargados de los mismos. Después, al menos 15 de las empresas afectadas reclamaron una indemnización que ahora están comenzando a cobrar, según ha podido saber la Cadena Ser. 

Un claro ejemplo es el de la residencia Ballesol Mirasierra. Llegó a un acuerdo con la Consejería de Madrid en el que aceptaba el traslado de 45 mayores al centro"a la vista del rápido avance de la enfermedad y teniendo en cuenta la envergadura y evolución de crisis sanitaria". En el mismo documento se especifica que la Comunidad de Madrid "tuvo la imperiosa necesidad de actuar de manera urgente". Ahora, la empresa matriz de este centro, Intercentros Ballesol S.A., recibirá casi 269.000 euros en concepto de indemnización por 3.017 días de estancia. Ballesol Mirasierra es uno de los centros investigados por homicidio imprudente.

Pero este no el único caso. Al menos otros 14 centros –la mayoría de ellos pertenecientes a tres grandes grupos empresariales– han pedido también una compensación y la Comunidad de Madrid les ha reconocido ese derecho. El Gobierno regional cree que los traslados de usuarios "tienen naturaleza expropiatoria" y generan derecho a indemnización. Una suma de 1.119.791,70 euros se destinará a estos pagos. 

Estas indemnizaciones se han calculado en base a un informe de la consultora KPMG encargado por los propios centros privados y por el que la Comunidad de Madrid "no pagó nada". En el documento se establecía una compensación de 95,68 euros por usuario y día de estancia. El importe le pareció excesivo a la Consejería de Sanidad y lo rebajó hasta los 89,14 euros alegando que quedaban excluidos los gastos para los que no existía "mutuo acuerdo entre las partes".