ZARAGOZA.- La capital aragonesa ejercerá la acusación por los crímenes del franquismo. El pleno del ayuntamiento de Zaragoza aprobará este miércoles, salvo sorpresa de última hora, una moción de Chunta Aragonesista (Cha) que insta al equipo de gobierno municipal a interponer en los juzgados locales una querella para “iniciar una investigación por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la ciudad”.

La denuncia, según la propuesta de resolución, tiene como finalidad poner en marcha una investigación judicial que permita “que se conozcan las circunstancias en las que fueron perpetrados, quienes fueron sus responsables y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena”.

Su interposición, añade la moción, debería ser comunicada a la jueza argentina María Servini, que instruye la causa por los crímenes del franquismo en la que están imputados varios policías de la dictadura, como Billy el Niño o el capitán Muñecas.

La propuesta tiene garantizado el apoyo de los nueve concejales de Zaragoza en Común (ZeC), que presentará una enmienda transaccional al punto que hace referencia a la querella, y la abstención de Ciudadanos (C’s), cuyos concejales se muestran partidarios de llevar el asunto a los tribunales aunque consideran que “no es el ayuntamiento el que debe hacerlo”. Esas tres posiciones suponen once votos a favor y cuatro abstenciones.

Dudas en el PSOE y el PP, proclives a la abstención

El PP, que tiene diez concejales, dudaba antes de pleno entre el 'no' y la abstención, con posibilidades de inclinarse por esta segunda opción pese a calificar la iniciativa de “electoralista”. El PSOE, por su parte, lleva dos días negociando sin éxito un acercamiento con Cha –propone una modificación del texto que los nacionalistas rechazan al considerar que “descafeina” el original- y decidirá su voto en el pleno. Solo un improbable posicionamiento en contra de estas dos formaciones impediría que prosperara la moción, aunque fuentes de los socialistas apuntaron que su debate oscila más bien entre el 'sí' y la abstención.

Zaragoza será el tercer ayuntamiento de una ciudad española, tras el de Barcelona y el de Pamplona, en impulsar una causa criminal para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo o por las potencias extranjeras que apoyaron a los sublevados durante la guerra civil.

La moción que este miércoles debate el Ayuntamiento de Zaragoza es consecuencia directa de las gestiones realizadas hace unos días por los promotores de la querella que tramita la jueza Servini.

El abogado Carlos Slepoy y el expreso político José María Chato Galante, de Ceaqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo), lograron hace tres semanas el apoyo de la mayoría de los grupos de las Cortes de Aragón a su petición de impulsar la presentación de nuevas denuncias para evitar la impunidad de los crímenes. También se reunieron con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que se mostró favorable a estudiar la iniciativa.

Más de 3.500 víctimas de la represión franquista en Zaragoza

El libro Pasado Oculto, del historiador Julián Casanova, señala que en la capital aragonesa perdieron la vida 3.544 personas como consecuencia de la represión franquista, lo que supone más de una tercera parte de las 8.523 víctimas registradas en toda la comunidad.

La moción de Cha incluye otros cinco puntos que, salvo sorpresa de última hora, cuentan con el apoyo de ZeC, PSOE y C’s y ante los que el PP se plantea abstenerse.

La propuesta reclama un nuevo estudio del callejero de la ciudad para excluir “todas las denominaciones y símbolos de referencias franquistas”, impulsar la creación de un Centro de la Memoria Histórica que dinamice la actividad de las entidades memorialistas, homenajear a los concejales y trabajadores municipales que fueron “víctimas de la guerra y la dictadura” y, por último, a apoyar la tramitación de una Ley de Memoria Histórica autonómica dotada de “instrumentos eficaces” que permita “localizar e identificar a las personas desaparecidas en aras a promover la reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar”. También propone comunicar el acuerdo a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.